El Gobierno usó el año pasado otros 8.400 millones de los fondos europeos para pagar pensiones y gasto social

Pese a la fenomenal controversia que se originó en torno a la utilización de este artificio contable, cuya base legal fue puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas en su análisis sobre las cuentas de 2024 y de cuya constitucionalidad duda no solo la oposición política sino no pocos expertos en Derecho Administrativo, el Ejecutivo no solo no ha dejado de recurrir a él para cubrir la insuficiencias de crédito ocasionadas por el encadenamiento de varios años consecutivos de prórrogas presupuestarias sino que ha intensificado su uso.

En las cuentas de 2024, el Tribunal de Cuentas detectó un trasvase de créditos de 2.389,4 millones de euros desde el denominado Servicio 50, en el que se supone que se iban a encapsular todos los ingresos y gastos asociados al Plan de Recuperación para garantizar el principio de neutralidad a efectos presupuestarios que impuso la Comisión Europea, hacia otros programas de gasto corriente, fundamentalmente relacionados con pensiones y Defensa. El rastreo realizado por el Partido Popular ha detectado que en 2025 esa transferencia presuntamente impropia de recursos se ha casi cuadruplicado hasta los 8.391 millones de euros, en línea con las cada vez mayores necesidades de créditos para gastar de un Gobierno estrangulado por dos prórrogas presupuestarias consecutivas.

La información obtenida por los populares apunta a que los fondos se obtuvieron de programas como los Perte, la rehabilitación de viviendas o la promoción de vivienda de alquiler asequible y fueron a parar a capítulos de gasto como los complementos de pensiones mínimas (1.471 millones de euros), el Ingreso Mínimo Vital (1.859 millones) o los complementos de brecha de género en las pensiones contributivas (800 millones)

Dudas sobre la constitucionalidad de la maniobra

La problemática es relativamente sencilla. Al no tener Presupuestos el Gobierno se tiene que apañar con los créditos presupuestarios que pintó en 2023, salvo en el número limitado de casos en que puede usar una ampliación o una modificación de crédito, pero las necesidades de gasto social continúan creciendo. Como Hacienda se encontró con que no disponía de capacidad de crédito suficiente -recursos sí los hay por el incremento de la recaudación fiscal- para hacer frente a esas necesidades crecientes con las herramientas presupuestarias ordinarias que prevé la ley, optó por la creatividad contable y por aprovechar los créditos ya utilizados y embalsados en el Servicio 50 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para atender sus necesidades corrientes.

El Tribunal de Cuentas puso de manifiesto que la maniobra no se ajustaba al marco regulatorio establecido por el propio Gobierno, pero optó por no catalogar esa observación como una salvedad -lo que pondría en cuestión la información proporcionada-, sino como ‘resultados que no afectan a la opinión’, de forma que avalaba la imagen fiel del balance contable presentado por el Gobierno. La oposición política entendió que se trataba de un enjuague para salvar la cara del Ejecutivo y planteó una ofensiva parlamentaria que en última instancia ha hecho que, por primera vez en la historia, el Congreso devuelva el dictamen sobre la Cuenta del Estado al Tribunal de Cuentas y le obligue a hacer uno nuevo.

La ofensiva del PP no va a acabar ahí. Una vez constatado que el Gobierno continuó utilizando en 2025 esta controvertida maniobra para salvar las dificultades regulatorias que plantean las prórrogas presupuestarias, los diputados populares Irene Garrido, Jaime de Olano, Francisco Conde, Ana Vázquez y Gema Pérez han registrado, según ha podido saber ABC, una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones sobre si se han utilizado fondos europeos para pagar las pensiones, si tiene previsto seguir recurriendo a estos manejos contables en el futuro, si ha informado a Bruselas de esta circunstancia, después de que la Comisión Europea reconociera su preocupación por este asunto; y sobre cómo piensa continuar pagando las pensiones a partir del próximo año cuando ya no se pueda tirar de los créditos del Mecanismo de Recuperación.