¿Pueden los supermercados españoles sufrir un hackeo como el que ha afectado a otros países de Europa?

Tiendas en Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia reportaron este lunes problemas de refrigeración que obligaron a algunos minoristas a tirar kilos y kilos de alimentos, pero solo unas semanas antes fueron las cadenas de supermercados francesas las afectadas por un hackeo similar que elevó la temperatura de sus congeladores a más de 50 grados, los que supuso un desperdicio de toneladas de productos. «Se trata de un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro alimentario y socavar la confianza de los consumidores», alertó Hansen tras este último hackeo.

España se ha quedado por ahora fuera del objetivo de los ciberataques, cuya autoría por ahora se desconoce, pero es inevitable plantearse no solo si volverán a repetirse, sino si estos podrían afectar a nuestros supermercados.

El sector de la distribución sigue con atención la situación, pero mantiene cierta tranquilidad porque los sistemas con los que trabaja aportan una mayor seguridad ante posibles ciberataques. La clave está en la descentralización. Todos los establecimientos afectados, entre los que figuran tiendas de Delhaize, Carrefour, Spar, IKEA, ICA, Coop y SuperValu, además de pequeños comercios y carnicerías, estaban conectados a un sistema externo de control de la refrigeración suministrado por el fabricante danés Danfoss, el mismo proveedor atacado en Francia. Estos, según informó posteriormente el propio fabricante, eran en su mayoría modelos antiguos o sin actualizar.

En España es poco habitual que los supermercados externalicen el control remoto de sus instalaciones frigoríficas. Esta descentralización o atomización constituye una medida de seguridad, ya que limita el alcance potencial de un ataque informático y reduce el riesgo de interrupciones simultáneas en distintos establecimientos, apuntan fuentes de la distribución alimentaria.

Una de las prácticas habituales de seguridad consiste en separar las redes propias de los supermercados de aquellas utilizadas por servicios externos de control remoto, lo que permite reducir la exposición de los sistemas y limitar las consecuencias de posibles accesos no autorizados.

Unos 300 establecimientos expuestos

Y es que la cadena del frío es una prioridad de los supermercados por su importancia en la seguridad alimentaria. Los que operan en España cuentan con una infraestructura de refrigeración moderna, preparada para responder a condiciones climáticas exigentes, incluidas las altas temperaturas y las olas de calor de los meses de verano, pero también para minimizar los riegos ante posibles ataques.

Sin embargo, aunque la mayoría cuenta con el sistema ya citado y es lo habitual independientemente del tamaño del comercio, un primer análisis de Marcelino Madrigal, el experto y analista en redes que fue el primero en alertar del movimiento Blocus en nuestro país, refleja que hay cerca de 300 equipos de refrigeración expuestos a ciberataques, aunque matiza que «expuesto no es lo mismo que vulnerable», ya que para conocer estas vulnerabilidades tendría que intentar acceder a sus sistemas. En todo caso, recomienda su revisión «ipso facto».

Un ataque a estos centros puede suponer un gran perjuicio al comercio, pero no pondría en riesgo el abastecimiento, insisten las fuentes consultadas. Solo en España, la red suma 26.000 establecimientos de distribución de alimentación moderna.

Los supermercados invierten unos 3.000 millones de euros anuales

La distribución alimentaria realiza un importante esfuerzo inversor para modernizar sus establecimientos, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sus sistemas de refrigeración. Según el Informe de Distribución Alimentaria de Proximidad 2025 elaborado por ASEDAS, el sector moviliza unos 3.000 millones de euros anuales en aperturas y reformas.

Entre 2020 y 2025, más de 10.500 supermercados, el 40% de la red, fueron inaugurados o reformados integralmente y muchas de las inversiones incluían instalaciones frigoríficas con sistemas de control actualizados.

En este contexto, los supermercados se preparan para la adaptación de las instalaciones frigoríficas al Reglamento europeo F-Gas, que requerirá más de 2.500 millones de euros, y aunque desde el sector consideran que el calendario hasta 2030 es complejo su compromiso con la transición medioambiental es firme y también con la seguridad.