Cada inmobiliaria pierde una media de cuatro pisos de alquiler y tres contratos tras los decretos de vivienda

El informe está elaborado a partir de más de 600 agencias encuestadas de las principales capitales de provincia y ciudades del país y constata incidencias en el mercado del alquiler en el 88,9% de las inmobliarias, mientras que sólo el 11,1% asegura seguir con la actividad sin cambios.

La principal consecuencia de las medidas contempladas en los decretos del Gobierno ha sido la retirada de 2.067 viviendas del mercado del alquiler residencial habitual, según reporta el 78,1% de las inmobiliarias, que han perdido, de media, casi cuatro inmuebles por agencia. A estas cifras se suman 1.523 firmas bloqueadas, el equivalente a casi tres por inmobiliaria.



Más de la mitad de las oficinas (56,6%) constata también un trasvase de propiedades hacia la compraventa que se contabiliza en 1.224 viviendas, mientras que 944 se han desviado hacia modalidades de alquiler alternativo, ya sea de temporada o por habitaciones.

En total, los primeros datos recabados por la FAI contabilizan un impacto directo sobre 5.758 operaciones que es en realidad mucho mayor, puesto que el informe se basa solo en los datos de las agencias y no tiene en cuenta a aquellos particulares que alquilan por su cuenta a través de las plataformas inmobiliarias y que también han experimentado un batacazo.

Así lo confirma la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que sitúa en el 5,4% la contracción en la oferta de alquiler de larga duración. «Es una caída especialmente significativa, teniendo en cuenta que las fluctuaciones habituales del mercado no suelen superar el +-1,5%», señala. De mantener la tendencia en los próximos días supondría, a su juicio, una nueva señal de alerta para un mercado que ya atraviesa una grave escasez de vivienda disponible. «De consolidarse, esta contracción sería un efecto directo del Real Decreto Ley y podría intensificar todavía más la competencia entre inquilinos, así como la presión sobre los precios del alquiler», advierte.

Al igual que la FAI, en Fotocasa también han detectado el cambio de modalidad del alquiler residencial al alquiler por habitaciones. «El incremento desde el 1 de octubre es exponencial, del 7,5%. Este fenómeno ya estaba aumentando desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y está relacionado con la búsqueda, por parte de algunos propietarios, de alternativas a las limitaciones de precios», explica. La diferencia resido en que el alquiler de habitaciones se regía por el Código Civil y «no estaba sujeto a las mismas restricciones en la actualización de las rentas ni a las reducciones aplicables en las zonas tensionadas». Algo parecido ocurría con el alquiler de temporada y el vacacional.

Si bien desde Idealista aseguran no disponder de datos, los investigadores Jorge Galindo y Carles Gómez Llabrés realizaron un estudio para EsadeEcPol en el que analizaron el comportamiento del mercado del alquiler de larga duración en este portal inmobiliario desde el día 29 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó los dos Reales Decretos Leyes que posteriormente tumbó el Congreso hasta el 6 de octubre, cuando se convocaron elecciones anticipadas. Solo en ese periodo, los anuncios de alquiler de larga duración cayeron en las diez mayores ciudades, con varias superando el 6%: Murcia (−12,5%), Madrid (−9,2%), Valencia (−7,5%), Alicante (−7,2%), Las Palmas (−6,3%) y Palma (−6,0%).

Se espera una caída aún mayor de la oferta

Ante este escenario de temor entre los pequeños propietarios, la FAI proyecta que en las próximas semanas la caída en el volumen de operaciones de alquiler podría situarse entre el 25% y el 30%, tanto por el freno en las firmas como por la retirada de viviendas del mercado y el desvío de pisos disponibles para alquiler habitual a otros usos.

Los datos de Fotocasa Research, por su parte, apuntan también a esa dirección. «El 24% de los propietarios prevé retirar su vivienda del alquiler y venderla cuando finalice el contrato este año», advierte Matos.

«Graves consecuencias» de los cambios normativos

En este contexto, el presidente de FAI, José María Alfaro, alerta de que los recientes cambios normativos están teniendo «graves consecuencias». Si bien comparte el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de acceso a la vivienda, el sobreesfuerzo económico de los inquilinos y el drama de los desahucios, advierte de que la caída o retraso en las firmas que constatan las agencias pone en riesgo el futuro de numerosas familias que se han quedado sin alternativa de arrendamiento.

Así, considera que las medidas aprobadas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios, «la parte más vulnerable de la oferta», ya que se centra en la protección de los inquilinos pero no se concreta ni garantiza de forma completa una seguridad frente a impagos, que queda supeditada a un «laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones» que provocan que aquellos que tienen una propiedad vacía decidan no ponerla en el mercado.

En la misma línea se expresa Matos: «Cuando se legisla sin contar con una de las partes esenciales del mercado, los propietarios, y se introducen restricciones y obligaciones que reducen su capacidad de decisión, se corre el riesgode provocar el efecto contrario al que se busca». Pone de ejemplo ciudades como Berlín, París o Estocolmo, donde este tipo de medidas no ha conseguido resolver el problema.

Un «Plan Marshall de Emergencia»

Ante una situación «tan delicada y compleja» como es la crisis de la vivienda, el presidente de la FAI considera que «aprovechar la Diputación Permanente para dar soluciones parciales» a este problema resulta «arriesgado» ya que, a su juicio, supone «incrementar la presión y legislar de forma precipitada en un mercado al límite».

Propone, en cambio, articular un «Plan Marshall de Emergencia» de acceso a la vivienda con criterios de urgencia y excepcionalidad, basado en un pacto de Estado entre fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector.