Urbagestión culpa al Sindicato de Inquilinas de no llegar a un acuerdo: “Maricarmen no quiso negociar. Nos quieren hundir”

El propietario de Urbagestión, Ricardo Alonso, ha defendido la actuación de la empresa en el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que llevaba viviendo desde 1956, y ha asegurado que la compañía quiere buscar ahora una salida al conflicto mediante una mediación con el Ayuntamiento de Madrid.

“Queremos una mediación con el Ayuntamiento de Madrid como Administración próxima y cercana, que sea mediador con neutralidad y transparencia”, ha explicado Alonso en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 y El Economista. El responsable de la empresa asegura que están dispuestos a “buscar una solución” después de que el caso haya provocado una fuerte movilización social y política.

Alonso sostiene que el desahucio fue “simplemente el final de un proceso judicial” iniciado en 2018, después de que Urbagestión adquiriera la vivienda. Según su versión, la compañía compró el piso sabiendo que estaba ocupado por una inquilina con un contrato de renta antigua, pero posteriormente, al revisar la documentación, consideró que la última subrogación del contrato no se había producido conforme a la ley.

“Lo compramos sabiendo que tenía contrato de renta antigua, pero al revisarlo supimos que estaba sin justo título“, ha afirmado. Según su explicación, Maricarmen habría pasado a ocupar la posición contractual de su madre tras su fallecimiento en 2005 y, de acuerdo con la interpretación defendida por la empresa, ese derecho se habría extinguido dos años después.

La cuestión terminó en los tribunales. Alonso recuerda que la sentencia favorable a Urbagestión llegó en julio de 2022 y que posteriormente la Audiencia Provincial también dio la razón a la compañía. El Tribunal Supremo confirmó en marzo de este año la interpretación que permitía poner fin al contrato, después de una batalla judicial que se prolongó durante años.

Urbagestión adquirió la vivienda en 2018 por unos 240.000 euros. Alonso asegura que antes de que la operación se cerrara se ofreció a Maricarmen la posibilidad de adquirir el piso, una opción que la pensionista no pudo asumir económicamente.

Una vez resuelto el procedimiento judicial, la empresa planteó a Maricarmen continuar en la vivienda mediante un nuevo contrato. La renta se llegó a situar en 2.400 euros, una cantidad que la compañía justificaba en el valor de mercado del inmueble. Alonso ha explicado ahora que la empresa estaba dispuesta a aplicar un descuento del 40%.

Según su versión, la abogada del Sindicato de Inquilinas planteó una negociación con la empresa y se llegó a hablar de que el valor medio de la vivienda se situaba en unos 2.400 euros mensuales. Alonso sostiene que, después de aquella conversación, la información trascendió a las redes sociales y se difundió que Urbagestión estaba reclamando 2.600 euros de alquiler.

El propietario de la compañía también ha defendido que se tuvieron en cuenta las circunstancias de la inquilina. “Hubo un descuento, pero esto se hace en función de la edad del inquilino de renta antigua”, ha señalado.

La versión de Urbagestión contrasta con la que han mantenido durante estos meses Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, que denunciaron que la nueva renta resultaba inasumible para la pensionista. Maricarmen percibía una pensión de alrededor de 1.400 euros y había abonado durante décadas una renta antigua muy inferior a la que se le planteó con el nuevo contrato.

Alonso también se ha referido al papel del Sindicato de Inquilinas y a las movilizaciones que acompañaron los intentos de desahucio. Ha asegurado que la empresa no conocía inicialmente el perfil del sindicato y ha acusado a sus miembros de perseguir “otro tipo de interés” durante las conversaciones. “No era fácil la interlocución”, ha afirmado.

El responsable de Urbagestión asegura además que la compañía llegó a tener previsto un acto de conciliación con el sindicato hace unos seis meses, pero que sus representantes no acudieron. Alonso ha señalado que en aquel momento la empresa llegó a plantearse presentar una querella contra el sindicato.

En los últimos días, tras el desahucio de Maricarmen, el empresario asegura haber percibido el impacto de la campaña contra la compañía. “No tenemos miedo, pero somos precavidos”, ha dicho. Alonso ha asegurado que la empresa está tratando de determinar “el alcance del perjuicio” causado por la movilización y ha hablado de “coacción y extorsión“, términos que atribuye a las acciones desarrolladas contra Urbagestión.

La compañía se encuentra en el centro de una fuerte polémica desde que el pasado miércoles se ejecutó el desahucio de Maricarmen. La mujer tuvo que abandonar la vivienda en camilla después de que la Policía accediera al inmueble por orden judicial, en un operativo que estuvo acompañado por miembros del Sindicato de Inquilinas y decenas de personas que intentaban impedir el lanzamiento.

Alonso ha defendido también la actuación policial. Según su relato, durante el lanzamiento estaba presente la procuradora y los agentes accedieron a la vivienda después de forzar la puerta. “El responsable del dispositivo explicó que era por orden judicial”, ha contado. También ha rechazado la interpretación de que la empresa buscara generar una determinada imagen durante el desahucio y ha asegurado que lo ocurrido se produjo en el marco de la ejecución de una resolución judicial.

La polémica ha colocado a Urbagestión, una empresa dedicada a la actividad inmobiliaria y al asesoramiento y gestión de activos, en el centro del debate sobre vivienda en Madrid. La sociedad fue constituida en 2005 y sus administradores son los abogados Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. La compañía opera comercialmente bajo la marca Urbagesa y tiene actividad en Madrid y Valladolid.

La empresa ha rechazado públicamente que se la defina como un fondo de inversión o un “fondo buitre” y se presenta como una pequeña compañía inmobiliaria. Alonso ha insistido en que el caso de Maricarmen se ha desarrollado dentro de un procedimiento judicial y ha defendido el derecho de la propiedad.

“Si las Administraciones no se ponen de acuerdo, solventar el tema de la vivienda es difícil, pero no se hace restringiendo el derecho a la propiedad”, ha concluido el empresario.

Ahora, Urbagestión plantea que el Ayuntamiento de Madrid intervenga como mediador. La propuesta llega después de la ejecución del desahucio y mientras el caso de Maricarmen continúa generando movilizaciones y reclamaciones por parte del Sindicato de Inquilinas.

Source – Elespanol