Trump sanciona al Tribunal Penal Internacional después del Nobel a Navi Pillay, una de sus exjuezas

Las sanciones a la recién premiada Navanethem ‘Navi’ Pillay se enmarcan en el rechazo que el país norteamericano ha mostrado hacia los procesos de investigación del TPI contra Israel, que en la sentencia del 21 de noviembre de 2024 llevaron a la emisión de sendas órdenes de detención internacionales contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa hebreo, Yoav Galant. Navi presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU que conculyó que Israel cometía «actos de genocidio en Gaza» y dio pie a las órdenes de detención.

Las críticas desde Washington hacia el papel del Tribunal de la Haya son anteriores a los últimos procesos contra Israel, aunque desde las órdenes de detención la presión se ha transformado en sanciones contra sus miembros y constantes acusaciones de imparcialidad. Joe Biden ya rechazó sin ambages la apertura de las pesquisas contra el Gobierno de Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad durante su cruzada contra Hamás, una posición que también compartió Donald Trump, hasta el punto de afirmar que tomaría «todas las medidas que considere necesarias» para proteger su «soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense de las acciones ilegítimas del TPI».

La concesión del Nobel de la Paz ha sido una noticia amarga para Trump, que ha considerado que la decisión «degrada» a la Academia sueca, después de que el año pasado la opositora venezolana María Corina Machado le hizo entrega de la medalla que acompaña al galardón como muestra de su voluntad de compartir el premio con el neoyorquino por su supuesto compromiso con «la libertad de Venezuela».

Más dura ha sido la reacción desde el Gobierno israelí. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, ha afirmado que «Joseph Goebbels [ministro de Propaganda durante el nazismo] está aplaudiendo desde le infierno» la decisión de otorgar el premio a Pillay, cuyo «papel en la incesante demonización de Israel, motivada por intereses políticos, y en la promoción de la ‘genomentirosa’ narrativa del genocidio (en la franja de Gaza) es más que elocuente». Netanyahu ha ahondado en las críticas acusando a la Academia sueca de haber «perdido su brújula moral» y de otorgar el Nobel a «una intolerante que ha basado su carrera en inventar y propagar calumnias sangrientas contra el único Estado judío».

El proceso judicial del Tribunal de La Haya contra Israel llevó a EE.UU. a sancionar a dos de los jueces que votaron en contra del recurso del país hebreo en que cuestionaba las competencias del TPI para investigar presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. También sancionó a dos juezas que participaron en procedimientos que acabaron en las órdenes de detención y al ex fiscal general de la Corte que llevó el proceso, Karim Khan, destituido posteriormente por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Navi Pillay se enfrenta al mismo tipo de sanciones, que se basan en la prohibición de entrada al país y la congelación de activos financieros. La magistrada, el enterarse del premio Nobel durante su estancia en una cumbre de derecho internacional en el tribunal de Núremberg en Alemania, bromeó con los presentes a costa del presidente estadounidense y la anterior Nobel de la Paz: «Si aplauden un poco más fuerte, tal vez comparta el premio con Trump».

A su vez, la decisión de la Administración Trump ha llevado a casi 80 países a emitir un comunicado conjunto en apoyo al TPI, entre ellos España, Italia, Japón o Canadá. Todos los firmantes se declaran «comprometidos a entablar un diálogo constructivo e inclusivo con los Estados no parte», en alusión a Estados Unidos. Una condena que también ha secundado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. «Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la Corte y dependen de militares estadounidenses para su defensa, le pongan freno», se lee en el comunicado de Marco Rubio de la página gubernamental de EE.UU. State.gov.

«Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados», ha amenazado en el mismo.