España se convierte en plató de Europa mientras pierde la propiedad de sus contenidos

Dicho de otro modo, es pan para hoy y hambre para mañana. Que se haya llegado a una situación de pleno empleo en el sector, con los encargos multiplicándose, no se está traduciendo en un fortalecimiento de las empresas audiovisuales españolas. Los derechos sobre esas producciones se están quedando en manos de las grandes cadenas y plataformas que las financian, y con ellos los ingresos derivados de vender una serie en otro país, realizar un remake o una secuela, o explotar comercialmente la obra por otras vías. Si una serie se convierte en un éxito internacional, buena parte del valor generado por ese éxito queda en manos de quien controla los derechos de explotación: normalmente la plataforma o el operador que la financió. Esto hace que las productoras vayan de proyecto en proyecto para sobrevivir.

«Nadie habla del modelo de cinematografía que queremos. Nadie habla del tema de la retención de derechos», lamentó este jueves la directora general de PATE, Fabia Buenaventura, durante la presentación en Matadero de un estudio impulsado por la patronal de productores y elaborado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. Según denunció, el debate público se ha centrado en aspectos como la diversidad, los idiomas, la formación o la localización de los rodajes, mientras la cuestión de quién controla la propiedad intelectual de las obras no parece importar a nadie.

La encuesta realizada entre empresas asociadas a PATE concluye que el 80 por ciento obtiene entre el 0 y el 10 por ciento de sus ingresos de la explotación posterior de propiedad intelectual. Casi nadie gana dinero con las series que desarrollan una vez terminada la producción. Dos de cada tres productoras afirman que lo habitual es que el operador adquiera todos los derechos de explotación en exclusiva. Si se suman los contratos con cesiones de muy larga duración, aproximadamente ocho de cada diez empresas consideran que su capacidad para explotar posteriormente las obras queda muy limitada.

Falta diálogo

«¿Qué estamos haciendo mal y por qué el modelo audiovisual español falla en algunos temas?», se preguntó Buenaventura. A su juicio, España no ha sido capaz de abrir un debate sobre qué tipo de industria audiovisual quiere construir a largo plazo. «Hemos llegado hasta aquí por las circunstancias. Si queremos una industria fuerte, con empresas potentes, capaces de crecer y competir internacionalmente, tenemos que abordar la cuestión de la retención de derechos», defendió. No se ha producido ningún diálogo en este sentido con los ministerios implicados –Cultura, Transformación Digital, Comercio, Economía y Hacienda–. «Echo en falta ese diálogo», dijo Buenaventura.

El estudio impulsado por PATE propone varias vías para corregir esta situación. La primera consiste en reforzar el marco regulatorio y acercarlo parcialmente al modelo francés. El objetivo es que los productores conserven una mayor participación en la propiedad intelectual de las obras mediante obligaciones de inversión en producción independiente y mecanismos que permitan recuperar determinados derechos de explotación con el paso del tiempo. La segunda medida pasa por utilizar los incentivos fiscales como palanca para favorecer la propiedad intelectual española. El estudio propone que parte de las deducciones y beneficios fiscales se vinculen a que las productoras mantengan una participación efectiva en los derechos de las obras.

Los investigadores sostienen además que las políticas audiovisuales siguen centradas en el cine, pese al crecimiento de las series. Proponen reformar el ICAA para incorporar instrumentos específicos para la producción seriada, crear nuevas líneas de financiación pública y facilitar el acceso a coproducciones internacionales y fondos europeos. La última recomendación se refiere a la transparencia. El informe denuncia que existen pocos datos sobre quién financia realmente las producciones, quién conserva los derechos de explotación y qué efectos tienen las ayudas públicas sobre la estructura empresarial del sector.

«El futuro de la industria no depende solo de producir más, sino de asegurar que una mayor parte del valor económico y empresarial generado por las obras permanezca en manos de los productores independientes», concluye PATE. «Estamos en pleno debate de la ley del Cine y queremos acuerdos y pactos –afirmó Jordi Bosch, presidente de PATE–. Consideramos que no se está produciendo suficiente diálogo ni suficientes consensos. Existen cuestiones en las que asociaciones y prestadores de servicios podríamos coincidir, incluso para hacer más eficiente la reforma positiva de incremento de incentivos que se está planteando. Hemos pedido la creación de una comisión o de un espacio de debate abierto que permita a todos los actores analizar conjuntamente cuál debe ser el futuro de la industria audiovisual en España».