Sumar desafía al PSOE con un nuevo plante en el Consejo de Ministros por el decreto de vivienda

«Seremos extraordinariamente firmes en la defensa de unos mínimos. Hace ya seis meses nos plantamos para que saliera la prórroga de los alquileres. Estamos mandatados por nuestras organizaciones para hacer lo que haga falta», ha avisado este sábado por la mañana el ministro Pablo Bustinduy, uno de los artífices de la norma, en declaraciones a los medios durante la celebración de la fiesta anual del PCE en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid, histórico feudo de Izquierda Unida (IU).

Al responsable de Derechos Sociales le han acompañado la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el líder comunista, el diputado Enrique Santiago. «Vamos con firmeza al Consejo de Ministros. Ya nos plantamos una vez y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes», ha advertido también ella, evocando al plante de marzo, cuando se negaron a participar en el órgano, retrasando dos horas el cónclave, hasta que el presidente Pedro Sánchez no se abrió a las medidas en materia de vivienda. La solución del presidente para contentar a su socio fue entonces desgajar vivienda en un decreto aparte (que ya nació muerto y que efectivamente acabó decayendo en el Congreso de los Diputados un mes después con el voto en contra de PP, Vox y también de Junts) del de la guerra de Irán de cara. El objetivo, cerrar la crisis con Sumar sin comprometer la respuesta al conflicto en Oriente Medio.

Esta vez, a Sumar, no le vale un «parche» ni un «decreto cosmético». «Debe incluir las soluciones que hemos aportado hace más de un año», sentencia Bustinduy, quien dice que su espacio político no tragará con un «cierre en falso» a la emergencia habitacional que asola nuestro país. Todos estos reclamos los han plasmado, además, IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, los partidos de la coalición Sumar en el Gobierno (y que ahora urden otro artefacto electoral de cara a las elecciones generales de 2027 que, presumiblemente, responderá a la marca Frente Amplio) en un comunicado emitido también este sábado. En el escrito, las cuatro organizaciones amagan igualmente con no entrar en el Consejo de Ministros del martes al tiempo que señalan al PSOE: «No se puede poner más de perfil».

A renglón seguido, incluyen un listado de reivindicaciones, las cuales, explicitan, «llevan meses sobre la mesa». A saber: la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones y la renovación automática de los contratos de alquiler «para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiere hacer negocio con él». Por último, solicitan la «recuperación» de la vivienda de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de la casa en la que vivía desde hace siete décadas años el distrito de Retiro de la capital. No explican el cómo, si bien es cierto que ya no hablan de la «expropiación» de la misma como venían haciendo todos estos días. Todo ello después de que el PSOE, y, en concreto, Félix Bolaños, alejara esta posibilidad, poniendo en duda que dicha solución tenga un «encaje claro en la Constitución Española».

El PSOE «trabaja»

La pelota está ahora en el tejado de los socialistas, que dicen estar «trabajando» en el decreto, apuntando también al próximo martes para su aprobación, aunque sin atreverse a confirmarlo. Desde el Gobierno, eso sí, anticiparon un fin de semana de intensas negociaciones para complacer tanto a su socio de coalición como al clamor popular, desbocado a raíz del polémico desahucio de Maricarmen.

El Gobierno parece ceder ahora a la presión en las calles por el desahucio de la anciana madrileña y pese a que insiste en que de nada sirve correr en la Moncloa, si luego todo se frena en la Cámara Baja, se ha producido en los últimos días un «punto de inflexión». Esta es la conclusión a la que llegan sus socios izquierdistas, entre ellos, IU. Así lo cree su coordinador federal, Antonio Maíllo, quien, en una entrevista para la radio pública, cree con firmeza que «la movilización popular ha hecho que haya partidos que se vayan a tentar la ropa antes de rechazar el decreto o partidos que saben que si lo rechazan, les puede suponer un coste electoral». «Y es el arma más poderosa que tenemos en este momento para abordar la política de vivienda», admite Maíllo, en clara alusión a Junts, que en las últimas horas ha vuelto a la mesa de negociación con el PSOE tras un año de ‘ruptura’. En Sumar, al menos, están dispuestos a ceder con las bonificaciones fiscales a propietarios que exigen los del prófugo Carles Puigdemont.