Feijóo convierte la política de inmigración en la gran novedad de su programa electoral

Y contiene los planes que Feijóo ha ido presentando a lo largo de la legislatura, especialmente en el último año, como alternativa a Sánchez. La mayor novedad mira, fuera de toda duda, a la política migratoria que el PP ha ido madurando desde 2024. El primer documento en el que el primer partido de la oposición empezó a abordar sus posiciones –en el programa de 2023 casi inexistentes al respecto– fue la ponencia política del congreso nacional de 2025. Entonces se consumó, de alguna manera, el giro del partido en este ámbito. En aquel documento el PP ya apostaba por un nuevo modelo migratorio y por establecer condiciones para permanecer en el país y acceder a prestaciones sociales no urgentes. Después, en octubre de 2025, llegó el Plan Nacional Migratorio. Lo presentaron en Barcelona y la inmensa mayoría de las medidas figuran hoy en el programa electoral.

Hay una novedad importante que sí recoge la hoja de ruta de las elecciones generales: la creación de una Autoridad única para toda la política migratoria, que «dirigirá la entrada, permanencia, retorno e integración». Cada año se publicará un informe de impacto sobre el efecto del fenómeno migratorio en el empleo, los salarios o la vivienda, entre otras cosas. Sobre la inmigración irregular, el PP apuesta por identificaciones «en un máximo de siete días» y «devoluciones sin demora». Como ya anticipaba el plan migratorio del partido, la apuesta para aquellos inmigrantes que vienen a España a trabajar en sectores donde hay demanda, existirá una doble vía: llegar con un contrato firmado en el país de origen o los denominados visados por puntos que valorarán «la formación, la experiencia, el idioma y la integración».

El programa electoral del PP también recoge por primera vez la puesta en marcha de «cupos anuales» que determinen los trabajadores que pueden venir a España en función de la «capacidad real de acogida» y un compromiso expreso –a través de una reforma de la Ley de Extranjería– de prohibir las «regularizaciones masivas e indiscriminadas»-. El arraigo, aclara el texto del PP, «no será una vía generalizada de regularización», sino un reconocimiento «individual excepcional».

Precisamente sobre esto ahonda también el programa electoral popular: el empadronamiento no bastará para acceder a las ayudas económicas urgentes; y el «vínculo con España» (quienes mantengan «un arraigo real, duradero y verificable») dará prioridad al acceso de esas subvenciones. Además del empadronamiento, se tendrán en cuenta la trayectoria de cotización, la permanencia en el país y «la contribución al sistema». La referencia al «arraigo real y verificable» es exactamente la pactada con Vox en los gobiernos autonómicos de este año que el partido de Santiago Abascal promocionó como «prioridad nacional», pero que en realidad no está sujeto a la nacionalidad en sí.

Otra novedad que no estuvo antes en un programa electoral del PP: la prohibición del burka y el niqab, que el grupo parlamentario sí registró en una proposición de ley propia hace unos meses, cuando el partido entró de lleno al debate; igual que el compromiso de integración obligatorio para renovar la residencia. Hay un asunto que el partido de Feijóo viene defendiendo, pero que tampoco había formado nunca parte de un texto propio: el apoyo a los centros de retorno en terceros países que puso en circulación Giorgia Meloni hace meses y que la propia Comisión Europea terminó respaldando. Como adelantó ABC, el programa también recoge por primera vez una nueva ley de nacionalidad con criterios específicos y más duros para poder acceder a ella; y con la posibilidad de perderla para los españoles que no lo sean de origen y tengan condenas firmes por delitos muy graves «contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional».

La regeneración como prioridad

El resumen de este bloque –con la mayor concreción que se ha visto nunca en un programa del PP– se resume en una declaración de intenciones: «No voy a hacer un ‘sanchismo’ de derechas», dijo Feijóo este martes. En ese contexto, sus promesas para devolver la credibilidad a las instituciones y recuperar los contrapesos que han dejado de funcionar en esta legislatura se materializan en varias medidas. Dos prórrogas presupuestarias consecutivas obligarían a convocar elecciones generales. Se tendrán que publicar «íntegramente» los pactos de investidura «sin anexos reservados ni compromisos ocultos», en clara referencia a los pactos de Sánchez con los independentistas y Bildu. El programa recoge una prohibición expresa a que la «igualdad entre españoles» sea el precio de una investidura: «No habrá cesiones en materia de Seguridad Social, Defensa, Hacienda, Fuerzas Armadas o política migratoria».

El PP se compromete asimismo a derogar la ley de amnistía y a aprobar una nueva ley del indulto «con criterios objetivos y transparentes». No los habrá para condenados por corrupción, terrorismo o delitos contra el orden constitucional. También propone un Estatuto institucional para el líder de la oposición, garantizando «cauces obligatorios» de interlocución con el presidente del Gobierno con información sobre asuntos de Estado.

Algunas de las medidas más destacadas en este bloque son también la reforma del suplicatorio y de los aforamientos (con una corrección para hacerlos más limitados), la refundación del CIS, igual que fijar por ley el mandato del presidente del INE o dar al Tribunal de Cuentas acceso a datos en tiempos real; y un nuevo estatuto del Ministerio Fiscal que comprenda un mandato único de cinco años para el fiscal general –no cesaría con el Gobierno que lo propuso– (esta medida ya figuraba en el programa de 2023). El PP insiste en que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales judiciales del CGPJ. El presidente del Consejo de Estado no podrá haber ocupado un cargo electo en los últimos cinco años; igual que los candidatos al Tribunal Constitucional.

El aborto, ausente

El programa de estas generales no aborda la posición del PP sobre el aborto ni tampoco sobre la ley de eutanasia en su sentido estricto. Sí hay algunas medidas cercanas, pero el partido ha optado por evitarlo. Mientras que en el programa de 2023 el PP recogía introducir en la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo «el consentimiento de los titulares de la patria potestad» previo a la realización del aborto en las menores de edad, el de 2026 no lo menciona. Tampoco aparece la garantía de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Feijóo hace tiempo que asumió la ley de plazos como posición oficial del partido –tras el aval del Constitucional– y en las últimas semanas ha dejado claro que sería partidario de que las menores de 16 y 17 años pusieran en conocimiento de sus padres la decisión de abortar –no habla de pedir consentimiento–.

El programa sí recoge que el «concebido no nacido» compute para determinar las ayudas y beneficios de la familia, ofrecer «orientación e información» a quien lo necesite y facilitar la congelación de óvulos, mejorando el acceso a la reproducción asistida en el Sistema Nacional de Salud.

Sobre la eutanasia, el programa habla de una ley nacional de cuidados paliativos –uno de los compromisos reiterados del PP– y no habla de revisar la actual ley de eutanasia. En otros momentos el dirigente popular sí ha hablado de someter la norma a una nueva redacción que aporte mayores garantías.

En cuanto a la ‘ley trans’, el PP anuncia su revisión y fija un cambio específico: la eliminación de la autodeterminación registral. Además, garantiza que el sexo biológico sea el criterio para las categorías deportivas femeninas.