Sanidad subvenciona con 300.000 euros una web que promociona el aborto

La subvención se aprueba a través de un real decreto que regula la concesión directa a la entidad ‘Associació Pels Drets Sexuals i Reproductius’, promotora de la página web sobre el aborto. Con el dinero, dice Sanidad, se pretende reforzar los servicios de consulta y acompañamiento online «para ofrecer información y orientación individualizada durante todo el proceso».

Y destaca el departamento de Mónica García que la información va dirigida tanto a las mujeres que «necesiten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo» como «a las personas trans con capacidad de gestar». Según el Gobierno, estos 300.000 euros tienen como objetivo «facilitar el acceso a la información fiable, con independencia del lugar de residencia, y reducir las desigualdades territoriales derivadas de las diferencias en la organización de los servicios sanitarios y los procedimientos establecidos por las comunidades autónomas».

El Gobierno argumenta que esta subvención responde a «la persistencia de diferencias entre comunidades autónomas en la disponibilidad de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, los circuitos de derivación, la información facilitada a las usuarias y la disponibilidad de profesionales sanitarios».

Sin embargo, en 2024, los últimos datos disponibles hasta la fecha, se practicaron en España 106.172 abortos, la cifra más alta de la última década. Destaca Sanidad que el porcentaje de intervenciones realizadas en centros públicos ha aumentado casi siete puntos desde 2019, pero cerca de ocho de cada diez siguen realizándose en centros privados. Para el ministerio de García, la diversidad de procedimientos establecidos en las distintas comunidades autónomas puede generar incertidumbre y obstáculos para abortar.

Una prioridad para el ministerio

A lo largo de toda la legislatura, Sanidad ha situado la promoción del aborto entre sus principales prioridades hasta el punto de declarar la guerra a varias comunidades autónomas porque Mónica García consideraba que no practicaban los suficientes. De hecho, hizo un informe para señalar a las autonomías que derivaban a más mujeres a centros privados (aunque a cargo de la sanidad pública). También ha impulsado la creación del registro de los profesionales sanitarios objetores al aborto, aunque era una tarea pendiente de la reforma de la ley del aborto de Irene Montero. Por esos listados, la ministra se ha enfrentado en numerosas ocasiones a la Comunidad de Madrid, que se negó a ponerlo en marcha hasta que la Justicia le obligó.

El último de los anuncios llegaba recientemente, cuando García anunció en un acto al que llamó ‘Abortar sin barreras’ que su departamento iba a modificar la norma existente al respecto para que las mujeres puedan abortar también en los centros de salud, y no solo en hospitales o clínicas especializadas como ocurre ahora. Para ello, dijo, reformaría el real decreto que regula la autorización de centros sanitarios para incluir la interrupción del embarazo entre las funciones de los profesionales de Atención Primaria. El ministerio sacó a principios de mes el proyecto a consulta pública, pero tras el adelanto electoral, el tiempo se le echa encima y no sería de extrañar que no pueda llevarlo a cabo en este tiempo.

La intención de Sanidad era también modificar la ficha técnica de mifepristona, el medicamento autorizado que se utiliza en los abortos farmacológicos, actualmente restringido al ámbito hospitalario, para que se pudiera administrar también en los centros de salud.