El Supremo no suspende el voto de los que se nacionalizaron españoles por ser hijos de los favorecidos por la ‘ley de nietos’

No ha sido un asunto pacífico y, de hecho, la Sala ha necesitado casi una semana para llegar a una decisión, en la que ha pesado el hecho de que, a 20 días de las elecciones generales, se considera materialmente imposible separar del censo a los hijos de los beneficiados por la ‘ley de nietos’.

El pasado 10 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender cautelarmente el ejercicio del voto de los más de 163.000 nacionalizados españoles al amparo de la ‘ley de nietos’ que no hayan acreditado que sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo, tal como estableció la Ley de Memoria Democrática.

Los ‘nietos’ lograron la nacionalidad -y, con ella, el derecho de sufragio activo- gracias a una Instrucción del Ministerio de Justicia que, en contra de lo que exigía la Ley de Memoria Democrática, ordenó a los encargados consulares que “presumieran” el exilio de los padres y abuelos que abandonaron España entre 1936 y 1955.

Se ha introducido, así, en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) a personas que no deberían figurar en él.

El Tribunal Supremo apreció un “peligro fundado, real y serio” de que se haya producido una “alteración del censo electoral” por la vía de miles de inscripciones realizadas en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero que pueden ser ilegales, por contrarias a la propia Ley de Memoria Democrática.

Vox y Iustitia Europa, que interpusieron sendos recursos contra la negativa de la Junta Electoral Central a ‘depurar’ el censo CERA, pidieron la pasada semana al alto tribunal que extendiera la medida cautelar a los hijos de los ‘nietos’ dada la, a su juicio, estrecha conexión entre ambos grupos de nacionalizados: los hijos no podrían haberse hecho españoles si sus padres no lo hubieran conseguido antes gracias a la, presumiblemente ilegal, Instrucción del Ministerio de Justicia.

Según los recurrentes, no sería coherente que se haya suspendido provisionalmente el ejercicio del voto de los ‘nietos’ incorporados al CERA de forma irregular y que, en cambio, sí se permita a sus descendientes permanecer en el censo y votar.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece distintas vías de adquisición de nacionalidad que la Instrucción desarrolló mediante cuatro anexos. De ellos, solo el anexo primero y el tercero afectan al contencioso del que se ocupa el Tribunal Supremo.

El anexo 1, con más de 163.000 personas, es de los llamados ‘nietos’: los extranjeros nacionalizados gracias a la presunción de exilio de sus abuelos o padres. Podrán votar el próximo 29-N solo si los encargados consulares certifican que, en su momento, acreditaron realmente esa condición de exiliados de sus ascendientes.

Pero sucede que el anexo 3 es aún más numeroso que el 1. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, son 189.678 personas que han obtenido la nacionalidad por ser hijos (mayores de edad) de aquellas personas a las que se ha reconocido la condición de españoles en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022 (la ‘ley de nietos’) y de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Según Iustitia Europa y Vox, a estos 189.678 nacionalizados tampoco se les debería permitir votar en las elecciones generales del 29 de noviembre salvo que acrediten que sus progenitores no lograron la nacionalidad en virtud de la ‘presunción’ de exilio de sus ascendientes, sino que acreditaron que éstos tuvieron que abandonar España realmente por motivos políticos.

“Lógica” vs. “perentoriedad”

Sin embargo, la Sala, por mayoría, considera que la ampliación de la medida cautelar produciría una “perturbación grave de los intereses generales”.

El tribunal reconoce que lo solicitado es una “consecuencia directa y necesaria de las medidas cautelares ya adoptadas.

“Si entendemos, como hemos hecho en los autos [anteriores], que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA” de los beneficiados por la ‘ley de nieto’, “lo mismo deberíamos hacer” con quienes han obtenido la nacionalidad solo por ser hijos de aquéllos.

Las 189.678 personas del anexo 3 son “los hijos e hijas de aquellas personas a las que la Sala ha suspendido su inscripción censal, y deben el reconocimiento de su nacionalidad española única y exclusivamente a esa condición de descendientes de los anteriores”, señala.

“Si se cuestiona la inscripción censal de los progenitores, en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos, pues el único título jurídico por los que estos han visto reconocida su nacionalidad española y la consiguiente inscripción en el CERA es ser descendientes en primer grado de aquellos”, admite.

Sin embargo, la Sala pondera la “perentoriedad de las actuaciones administrativas” que serían necesarias para ejecutar la nueva medida cautelar y “la exigencia de preservar la seguridad jurídica“.

“Nos encontramos a tres semanas de la celebración de las elecciones generales”, explica. En este momento, las Juntas Electorales, la Oficina del Censo Electoral y la Administración consular se encuentran en pleno desarrollo de las funciones que les ha encomendado la legislación electoral. Están, además, ejecutando la medida cautelar para apartar a los 163.000 ‘nietos’ del censo del 29-M.

En esta situación, la Sala “tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse”.

Y ello porque “deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías que acordamos: requerimientos a la Administración para identificar a los afectados y, una vez recibida esa información, traslado por la Oficina del Censo Electoral al CERA; emplazamiento a los interesados para su personación y presentación de alegaciones; resolución de reclamaciones y recursos por la Sala; así como otras medidas de conservación y custodia de la documentación electoral correspondiente a las personas cuya inscripción en el CERA haya sido acordada”.

El periodo electoral restante es “tan reducido” que “permite cuestionar la posibilidad de su ejecución en tiempo hábil, entre otros motivos porque depende de la actuación de múltiples administraciones y terceros, en términos que la Sala no puede prever”.

“En nuestros anteriores autos hemos ponderado la importancia capital de asegurar la limpieza y pulcritud del censo electoral, porque de ello depende la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de la ciudadanía”, afirma. “Pero no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica, que, en lo que aquí interesa, se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación”.

Voto discrepante

El magistrado Antonio Fonseca-Herrero ha formulado un voto discrepante en el que sostiene que “si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria. Es más, es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada“.

A su juicio, la suspensión cautelar del voto de los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ “debió ser aceptada”.

Sostiene que las nuevas medidas “podían hacerse efectivas en tiempo y forma”, ya que “no representarían otra cosa que la determinación administrativa de quienes, de entre las 189.678 personas incluidas en el citado Anexo 3, son hijos o hijas de las 901 personas del Anexo 1 que han obtenido la certificación consular” por ser descendientes de exiliados.

Esas actuaciones “no parece que integren una tarea con una complejidad tal que impida su realización dentro de los plazos electorales y la coexistencia y desarrollo normal de las demás actuaciones electorales. Es más, como la posición mayoritaria no las describe, tampoco puede valorarlas y confrontarlas con las actuaciones propias del proceso electoral, limitándose a un planteamiento en exceso general y no circunstanciado”, señala el juez discrepante.

La magistrada Alicia Millán ha formulado, por su parte, un voto concurrente, al estar de acuerdo con el rechazo de la nueva medida cautelar pero discrepar de la argumentación utilizada. A su parecer, la pretensión de ampliar la suspensión del voto a las personas el anexo 3 “excede del objeto del recurso” presentado.

Medida cautelar

La Sala sí ha mantenido la medida cautelar de suspensión del voto que pesa sobre los más de 163.000 nacionalizados al amparo de la Instrucción de Justicia.

En otra resolución conocida este lunes, los magistrados vuelven a enfatizar la “necesidad” de “preservar el interés general de la existencia de un censo electoral limpio de toda sospecha de irregularidad en su conformación, como presupuesto indispensable para la celebración de un proceso electoral democrático como es el español, caracterizado por la transparencia ajustada a Derecho de la lista de electores inscritos en el censo”

La Sala subraya que su objetivo “no es otro que el de preservar, precisamente, el mandato legal establecido” en la Ley de Memoria Democrática y garantizar que los descendientes de aquellos españoles tuvieron que exiliarse durante la etapa franquista “puedan ejercitar su derecho al voto en libertad, pero en las condiciones y con los límites que la voluntad del pueblo español, manifestada a través de sus representantes legítimos elegidos libre y democráticamente en las Cortes Generales, quedó expresada” en esa Ley.

Explica que, conforme va tramitándose el procedimiento, se advierte “de modo cada vez más intenso” la existencia de unos “indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA” con la incorporación a este censo de las personas que lograron la nacionalidad gracias a una Instrucción que “no parece ajustarse” al texto, contenido y alcance de la norma legal que interpretaba (la ley de Memoria Democrática”.

Según los datos aportados por la propia Abogacía del Estado, fueron un total de 163.355 personas las que adquirieron la nacionalidad española por esa vía.

De ellas, únicamente 901 lo fueron por aplicación directa de lo establecido en la Ley (acreditación del exilio político de sus ascendientes). El resto, que es “la gran mayoría de aquel número importante de personas”, ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio establecida en la Instrucción.

Por ejemplo, en el Consulado General de España en Buenos Aires fueron nacionalizadas 17.775 personas. Según la certificación del cónsul, “ningún expediente incluyó prueba de exilio”.

Esta “extraordinaria cifra” de más de 163.000 personas nacionalizadas en virtud de la Instrucción “acrecienta aún más los indicios racionales de una presunta irregularidad en la conformación del CERA” y “fortalecen las razones que llevaron a esta Sala a acordar, en su momento, la suspensión cautelar” del derecho al voto.

“En una democracia”, afirma el Supremo, la relación de los electores con derecho a voto que componen el censo electoral debe incluir “única y exclusivamente a los que cumplen los requisitos legales para estarlo”.

Afectación al resultado

“Esta Sala no puede dejar de lado el control y supervisión judicial de la legalidad de los instrumentos creados por la normativa electoral para la correcta celebración de un proceso electoral”, aceptando que el derecho de sufragio “deba ser ejercido de cualquier modo”.

Las personas nacionalizadas gracias a la Instrucción “aparecen distribuidas en todo el territorio nacional y formando parte de las diferentes circunscripciones electorales territoriales”.

Ello, teniendo en cuenta “el origen y el procedimiento por el que han ingresado en el CERA, constituye “un riesgo serio y fundado de que, de permitirse su participación en el proceso electoral, realizando el acto de la votación, puedan presuntamente afectar no sólo a la limpieza y transparencia del proceso electoral en curso, sino también y lo que es más relevante al propio resultado de las elecciones”.

“Debe, pues, primar el interés general de preservar el CERA de todo atisbo de irregularidad en su conformación, frente al derecho individual de sufragio de las personas” inscritas en el censo en virtud de la Instrucción del Ministerio de Justicia, indica.

Ha rechazado, por ello, las alegaciones de las asociaciones e interesados que se han personado en el procedimiento.