El Constitucional amparará a Turull y abre la vía para amnistiar todo el ‘procés’

Conforme a la hoja de ruta prevista (y anunciada) por el presidente del Tribunal, los magistrados de la mayoría consideran que el exconsejero de Puigdemont, y por ende, los que vienen detrás, deben beneficiarse de la norma que borrará ya de forma definitiva los delitos que motivaron las condenas del 1-O. Cuando esta decisión se plasme en sentencia, esto supondrá una nueva desautorización al Tribunal Supremo y el reconocimiento implícito de que el hecho de no aplicar la ley al delito de malversación fue «ilógico y arbitrario».

Aunque quedan dos semanas para ver esa resolución redactada, el intercambio de opiniones que se ha producido este martes ya implica el reconocimiento del amparo, pues el rechazo a la ponencia del magistrado Macías en menos de dos horas y media de debate, supone que ahora hay que redactar un nuevo texto en sentido contrario. Como adelantó ABC, será el propio magistrado el que coja las riendas de ese nuevo borrador, como él mismo ha manifestado ante sus compañeros. Eso sí, el hecho de que recoja el sentir de la mayoría no implica que no pueda redactar un voto particular contrario a sus compañeros precisamente con los argumentos que este martes ha llevado al Pleno a favor de la desestimación el recurso.

Conde Pumpido, por su parte, ha dicho que también llevará al próximo pleno, el 6 de octubre, la ponencia que le corresponde, la de la exdirigente independentista Dolors Bassa. Fuentes del tribunal no ocultan su sorpresa con el anuncio del presidente, cuando lo normal en estos casos es esperar la redacción del nuevo texto (el de Macías) y votarlo antes de pasar al siguiente recurso.

La decisión de Conde-Pumpido, dicen, solo puede entenderse desde el empeño en solucionar este asunto lo antes posible y evitar lo que puede interpretar como maniobras dilatorias si, por ejemplo, los términos del nuevo texto de Macías, pese a ser estimatorio del amparo, no convencieran a la mayoría progresista. De esta forma, el presidente presentaría su borrador garantizándose el apoyo de los magistrados de su grupo.

En el borrador de sentencia que ha llevado Macías al Pleno, del que informó ABC el pasado 12 de septiembre, el magistrado niega que el Supremo haya realizado una lectura «imprevisible y contra reo» de la norma, como argumenta el líder de Junts. «No responde a ninguna exégesis arbitraria, ilógica o manifiestamente errónea» de la ley de amnistía, dice.

A su juicio, cuando la Sala Segunda del TS señaló que los líderes del 1-O obtuvieron «un indiscutible beneficio patrimonial al disponer de los caudales públicos como si fueran propios» no se inventó un nuevo requisito, sino que aplicaron una inferencia lógica: al desviar fondos de la Generalitat para financiar el referéndum ilegal, «eludieron el coste inherente a su proyecto político, evitando sufragar con su propio patrimonio los gastos de una actividad ajena a sus funciones públicas». Por tanto, este beneficio económico directo justifica la exclusión de la amnistía.

Turull alegaba que el Supremo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) al retorcer la ley. El ponente lo niega categóricamente, señalando que la decisión del Supremo «se enmarca dentro de los márgenes de previsibilidad y del canon de razonabilidad exigible» a los tribunales ordinarios a la hora de interpretar las leyes aprobadas por las Cortes. Su interpretación, apunta, no puede tildarse de «sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación».

No es un tribunal de casación

Macías recuerda, además, que el TC no es una instancia casacional destinada a velar por la interpretación jurisdiccional de la legalidad ordinaria, pues la aplicación de esa legalidad corresponde exclusivamente a los Tribunales ordinarios. En este sentido, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva «garantiza, como contenido primario y esencial, el de obtener de los órganos judiciales competentes una respuesta fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes». Sin embargo, dicho derecho, insiste, «no comprende un imposible derecho al acierto del juzgador», por lo que no corresponde al TC, «que no es una tercera instancia revisora ni tampoco una instancia casacional, constatar el grado de acierto de una determinada resolución judicial».

Resuelto el primero de los recursos, la intención del presidente es ir aplicando la misma doctrina a los que vienen detrás: en este caso, a los condenados Dolors Bassa, Oriol Junqueras y Raül Romeva, sobre los que todavía pesa la pena de inhabitación accesoria a la malversación por la que no se les ha amnistiado. A continuación el TC abordará el segundo grupo de recursos, los de los prófugos Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin. Se da por hecho que en un efecto dominó, ellos también se verán beneficiados por la amnistía en un plazo que no se espera que se prolongue más allá de noviembre. De ahí que exista la posibilidad de que el ‘expresident’ no espere a que se debata su amparo para plantarse en España sabiendo que este movimiento no tiene ya ningún coste procesal para él.