Altos funcionarios de Transportes exigen volver a profesionalizar Adif y blindar la investigación frente a presiones políticas

«Esta independencia debe garantizarse tanto frente a las organizaciones y entidades potencialmente implicadas como frente a cualquier presión política o administrativa», subraya el comunicado, que advierte de que la confianza de la sociedad en las conclusiones de la investigación dependerá de que el proceso investigador esté guiado únicamente por criterios técnicos. «La gravedad de lo sucedido exige una respuesta a la altura de sus consecuencias», señala la asociación que representa a los ingenieros civiles del Estado.

Los ingenieros civiles del Estado asumen que el accidente ha puesto en cuestión la seguridad de todo el sistema de cara a la sociedad y que señalar al factor humano implica «renunciar a comprender las posibles deficiencias técnicas y organizativas que deben ser objeto de análisis».

Subrayan, en este sentido, que el factor humano es una fuente de riesgos más dentro de un sistema de seguridad y que como tal esos sistemas deberían «incorporar barreras suficientes para evitar que un error humano pueda comprometer la seguridad del sistema o derivar en un accidente».

Investigar el accidente con total independencia y libertad, no ampararse en un error humano como cortina de humo para no profundizar en los problemas del sistema de seguridad y, más importante, volver a profesionalizar la dirección del sector ferroviario.

«Aicape observa con preocupación la creciente penetración de criterios políticos en ámbitos de decisión que requieren una dirección esencialmente técnica y profesional. La planificación, construcción, conservación, explotación y seguridad de las infraestructuras ferroviarias son actividades de extraordinaria complejidad que requieren conocimiento especializado, experiencia y continuidad», manifiesta la asociación.

El comunicado de los ingenieros civiles del Estado ha recibido el respaldo explícito del resto de altos funcionarios de la Administración, a través de la plataforma que aglutina al medio centenar de sindicatos y organizaciones profesionales que los representan, Fedeca.

Los funcionarios de élite de la Administración, aquellos que están llamados a ocupar los principales puestos de dirección técnica en la estructura del Estado, mantienen desde hace meses una posición de firmeza contra la asignación masiva de puestos directivos a personas ajenas a la carrera funcionarial, lo que les ha llevado a recurrir decenas de nombramientos ante los tribunales con éxito dispar, y contra el aligeramiento de las oposiciones de acceso a los cuerpos superiores, que interpretan como un paso atrás en las garantías de calidad de los servicios públicos.