La juez da 15 días al Gobierno para desclasificar los informes sobre la actuación de Rabat en la invasión de Ceuta

Entre otros, la magistrada pide una copia de los dosieres clasificados que recojan la actuación de las autoridades de Marruecos desde la invasión de la ciudad autónoma hasta el día de hoy.

Sobre el país vecino recaen las sospechas de haber sido el promotor de la avalancha humana, de más de 70.000 inmigrantes ilegales, que colapsó Ceuta. Varios miles de ellos aún permanecen en la ciudad autónoma.

En una resolución fechada este martes, Tardón también ordena al Gobierno que le entregue, sin clasificar, las notas e informes realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que fueron enviados a distintas autoridades y que contemplaban, desde días antes, la posibilidad de una entrada masiva de migrantes en territorio español.

La juez pretende saber qué cargos de la Administración recibieron dichos avisos del CNI.

La instructora subraya que, en el presente caso, la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado.

De hecho, subraya que es la propia seguridad del Estado la que se ha visto vulnerada, precisamete, a raíz de la invasión migratoria.

Insiste la juez en que, con esta solicitud, lo que pretende llegar a conocer es la autoría de dicho ataque a la seguridad del Estado español.

Tardón también reprocha que el informe con datos del CNI que el Gobierno le hizo llegar “no informaba sobre ningún extremo que no fuera conocido” ya.

Y los documentos oficiales que este dosier contenía “aparecían censurados con las mismas tachaduras” que las de los papeles que fueron difundidos públicamente en la página web del Palacio de la Moncloa.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, existía en la Audiencia Nacional “malestar” y “decepción” después de la “escasa entidad” que tenía el infome que el CNI envió a la magistrada, con poca información relevante y novedosa sobre la avalancha migratoria.

Especialmente, debido a que fue enviado al Juzgado, con las mencionadas tachaduras, horas después de que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, última responsable del CNI, aceptase figurar como número dos del PSOE en la misma lista electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que encabeza la papeleta.

Por ello, ahora, Tardón ordena al Gobierno que le entregue, sin clasificar, ciertos documentos que ella considera “indispensables” para el avance de la instrucción.

“[Esta diligencia] permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos”, explica la jueza.

Por otro lado, Tardón avanza que pretende llamar a declarar como testigos a dos agentes del CNI que mantuvieron conversaciones con Gonzalo Sanz, quien fuese jefe de gabinete del recientemente dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Sin embargo, ninguno de los dos miembros del Centro Nacional de Inteligecia aparece reseñado en el informe enviado por Defensa a la juez.

En lugar de ello, sus identidades aparecen censuradas. Pero Tardón pretende interrogarles, por lo que solicita al Gobierno que le facilite sus nombres y apellidos.

Todo ello, a fin de “poder conocer la identificación de tales funcionarios, a los que esta instrucción debe poder llamar a declarar, puesto que su testimonio resulta esencial para el esclarecimiento” de los hechos investigados.

Tardón también pretende —”es necesario y particularmente urgente”, dice— tener acceso “al contenido íntegro, sin tachaduras”, de una nota del CNI que alertaba de que grupos de WhatsApp y Facebook fomentaban “la entrada masiva de personas en Ceuta”.

“Es un dato objetivo relevante”, subraya, de nuevo, la juez. “El contenido del informe que el Centro Nacional de Inteligencia ha hecho llegar a este órgano judicial no ofrece una respuesta completa a todas las cuestiones formuladas; todas ellas, de absoluta relevancia para el buen fin de la investigación”, se queja la instructora.

Plazo de 15 días

En su resolución de este martes, la magistrada indica que la desclasificación y el envío de la documentación deberá realizarse “con carácter urgente” y, en todo caso, en el plazo de 15 días.

Todo el material que se desclasifique se incorporará a la pieza separada de esta causa judicial que está declarada secreta.

No tendrán acceso a ello, por tanto, las acusaciones populares personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran las asociaciones Hazte Oír y Liberum o los partidos Iustitia Europa, PP y Vox.

Tardón explica que, entre caso, “no existen fuentes alternativas” que le permitan obtener dicha información, por lo que, ahora, el Gobierno deberá hacer gala de su deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia.

“La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos”, expresa la juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.