El Gobierno subirá las tasas aeroportuarias un 0,33% frente a la rebaja que pedían las aerolíneas y Competencia

Lo cierto es que, tras el preceptivo período de consultas, la negociación de las tasas acaba con un resultado que no es excesivamente extraño, ya que cuando el Ejecutivo aprobó el último plan quinquenal para la regulación aeroportuaria (en 2021) también se alejó mucho de las pretensiones de los interesados, ya que congeló las tarifas pese a que Aena quería subirlas un 3,29% y Competencia apostaba por un recorte del 0,44%. Sin embargo, está por ver cómo reaccionan las compañías esta vez; sobre todo Ryanair, que durante los últimos meses ha protagonizado una agresiva campaña contra el Ministerio de Transportes, una que ha incluido la retirada de tres millones de plazas en España e incluso insultos contra el titular del ramo por parte del bullicioso CEO de la aerolínea, Michael O’Leary.

El quid de la cuestión está en esos 13.000 millones de euros en inversiones consignadas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031 -el texto que se aprobaba hoy-, pues se trata del mayor desembolso acometido en la historia de los aeropuertos españoles. El caso es que el Ejecutivo pretende financiar la mayor parte de ese plan de reformas (el equivalente a unos 9.900 millones) por la vía de las tasas, hecho que ilustra hasta qué punto este era un asunto de vital importancia. A partir de ahí, la polémica estuvo en la previsión de pasajeros para los próximos años y -por tanto- en los céntimos por viaje que debía quedarse Aena para poder llevar a cabo las obras, que son urgentes ya que el propio Ejecutivo ha reconocido en varias ocasiones que buena parte de los aeródromos están en una situación de saturación debido al ‘boom’ de pasajeros registrado en los últimos años (España se encamina a alcanzar el récord de los 100 millones de viajeros internacionales al final de este año).

A través de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), las aerolíneas estimaron un crecimiento de viajeros del 3,6% anual hasta 2031, con lo que aducían que la tarifa por asiento podía bajar casi en cinco puntos cada año sin que el plan de inversiones se viera comprometido. Más conservadora, en un dictamen presentado el pasado mes de junio, Competencia situó la previsión de viajeros en un alza del 2,2% al año, con lo que su propuesta de bajada tarifaria quedó apenas en el 0,59%.

Lógicamente, el actor más interesado en estimar los pasajeros a la baja era Aena, que situó el ritmo de aumento en apenas un 1,3% anual, cuando lo cierto es que la red española de aeropuertos está inmersa en un ‘rally’ alcista desde el final de la pandemia, con 309 millones de clientes en 2024, 321 millones en 2025 y 190 millones en lo que va de 2026, un 4% más en términos interanuales. De hecho, el pasado mes de agosto cerró con el récord histórico de 34,9 millones de viajeros.

Sea como fuere, Aena calculó los pasajeros a la baja y, con ello, se llevó la propuesta de subida tarifaria a un nivel que desencadenó la protesta de las aerolíneas, especialmente de Ryanair, que desde hace dos años protagoniza una guerra particular contra el Gobierno a cuenta de este asunto, una que se ha cobrado ya tres millones de plazas que han sido retiradas por la compañía irlandesa -hundiendo el tráfico hasta en un 37% en algunos aeropuertos regionales-. El último capítulo de este sonoro contencioso sucedió hace apenas unos días, cuando Michael O´Leary calificó al ministro Puente de «fracasado» y este le respondió que volara a «otro sitio» si no le gustaban las condiciones en España.

Está por ver cómo reaccionan las empresas a esta subida tarifaria, que se traducirá a un aumento de tres céntimos de euro por pasajero al año, hecho que, según ha afirmado el titular de Transportes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, equivale prácticamente «a una congelación de las tarifas».