Seis días de vértigo para pactar un doble decreto ‘in extremis’ en una reunión de una hora de siete ministros

Un decreto de vivienda varado en el limbo de la política desde hace meses y miles de inquilinos desamparados por la falta de cobertura legal desde que PP, Vox y Junts tumbaron el escudo social en el mes de febrero. Hasta que llegaron Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas. El desahucio de esta mujer de 87 años hace justo una semana, y la ola de indignación que lo sucedió, han conseguido lo que parecía imposible: sacudir la política nacional para que en solo seis días el Gobierno haya aprobado de forma urgente en Consejo de Ministros un paquete de medidas negociadas también con el conjunto de aliados parlamentarios y que están destinadas a impedir que situaciones como la de Urbagestión puedan repetirse.

Ese tiempo récord de negociación implicó que las conversaciones entre los distintos actores políticos, principalmente entre los propios socios de coalición, se prolongaran hasta el último segundo. Tanto es así que la reunión del Consejo de Ministros tuvo que retrasarse una hora. Y tantas fueron las modificaciones introducidas fruto de esas negociaciones a múltiples bandas que ni siquiera dio tiempo a terminar de redactar el articulado de los decretos antes de la rueda de prensa en la Moncloa en la que el Gobierno salió a explicar las principales medidas: la prohibición de desahucios hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, y otro texto separado que recoge únicamente los alquileres indefinidos.

Todo empezó la semana pasada. Concretamente el miércoles a eso de la una de la tarde en la madrileña calle Sáenz de Baranda. El desalojo de Maricarmen removió los cimientos de la política nacional por la oleada de protestas desatadas que han desembocado en un 15M por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol. Y Moncloa pasó a la acción. Como adelantó elDiario.es, ese mismo día el Gobierno decidió dar un paso al frente y poner la maquinaria a pleno rendimiento para llegar a este martes con un decreto de vivienda bloqueado desde antes del verano y que no tenía visos, hasta ahora, de salir adelante.

“Lo de Maricarmen ha sido un punto de inflexión para todos, esa es la verdad”, admiten en la Moncloa sobre la puesta en marcha del paquete de medidas aprobado este martes. “Las cosas han cambiado, es evidente. Y lo que hace una semana parecía imposible, pues ahora suscita consenso. Esa es la realidad y así lo afrontamos desde el primer momento”.

Desde ese mismo miércoles comenzaron los contactos a varias bandas, principalmente focalizados en Podemos y Junts. Los de Ione Belarra e Irene Montero exigieron desde un primer momento retirar cualquier apelación a la reforma de la Ley del Suelo a la que aspiraba el PSOE. Y así se hizo. Y los de Carles Puigdemont pusieron como línea roja un paquete de medidas fiscales que beneficiaran, sobre todo, a los pequeños propietarios. Y así se hizo también.

De hecho, desde primera hora los independentistas catalanes admitieron abiertamente esas negociaciones y mostraron su disposición a cooperar, algo bastante inaudito desde mitad de legislatura a esta parte y, más aún, en asuntos de tanta controversia ideológica como la política de vivienda. Y de fondo, la presión de la calle. El Sindicato de Inquilinas bautizó como ‘el decreto Maricarmen’ el paquete de medidas que exigían a los responsables políticos y que algunos grupos, como Podemos o Sumar, hicieron suyas.

Las horas clave, un mano a mano PSOE-Sumar

Encauzada la negociación con Junts desde la semana pasada, y aunque en ningún momento se dejó de hablar con los socios, las últimas horas de negociación ‘in extremis’ estuvieron centradas en llegar a un acuerdo entre el PSOE y Sumar. A última hora del lunes, la principal discrepancia estaba en la exigencia del socio minoritario de la coalición de introducir una de las demandas estrella del Sindicato de Inquilinas: el contrato indefinido de alquiler. Una propuesta que los socialistas rechazaban de plano con el argumento ya conocido de que el ‘no’ rotundo de PNV y Junts a esa medida ponía en peligro el conjunto del paquete. Las dos partes se fueron a dormir sin un acuerdo.

No obstante, no fue esa la única discrepancia que tuvieron que limar los dos integrantes de la coalición de Gobierno en la recta final de las conversaciones. A lo largo del lunes, PSOE y Sumar se intercambiaron varios borradores y contraborradores para ir acercando posturas. El Ministerio de Vivienda envió una propuesta a las 15.30 horas a los negociadores de Sumar, los ministros Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Ernest Urtasun (Cultura), que fue la que se tomó como base para ir avanzando en las negociaciones de la tarde.

El ala izquierda de la coalición, no obstante, aún estaba lejos de poder aceptar ese texto, que ya recogía la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, pero que tan solo prohibía los desahucios hasta 2028 y no incluía ninguna regulación del alquiler por habitaciones. Sumar, en línea de lo reclamado por el Sindicato de Inquilinas, mantenía a exigencia de los contratos indefinidos. Pero, además, pedía una protección antidesahucios más potente y, sobre todo, establecer en el alquiler por habitaciones las mismas restricciones para los caseros y los mismos derechos para los inquilinos que operan en el arrendamiento ordinario.

Fuentes de la formación explicaban a última hora del martes que esa última medida era una de sus líneas rojas porque la regulación del alquiler por habitaciones, hasta ahora mucho más laxa que la de los arrendamientos ordinarios, “constituye una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler”. Con el paso de las horas, el PSOE aceptó incluir esa regulación y también ampliar hasta el 2030 la protección contra los desahucios; la publicación del decreto completo este miércoles despejará la incógnita de si también los socialistas rebajaron alguna de las restricciones para beneficiarse de este escudo contra los desalojos, como pedía Sumar.

El acuerdo, sin embargo, no llegó hasta la mañana del martes. Desde primera hora las negociaciones se retomaron entre el PSOE y Sumar, y el inicio del Consejo de Ministros tuvo que retrasarse en torno a una hora hasta que hubo fumata blanca. En esta ocasión, no obstante, el ala minoritaria de la coalición no se negó a entrar a la reunión del gabinete, como sí ocurrió en marzo, cuando su plante obligó a aprobar por primera vez la prórroga de los alquileres que unas semanas después tumbarían PP, Vox y Junts. Las fuentes consultadas explican que, aunque las discrepancias eran patentes, las conversaciones nunca llegaron a un punto muerto.

Antes del Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez se encerraron en la conocida como ‘sala de presidentes’ del palacio de la Moncloa junto al resto de ministros de Sumar, con Bustinduy al frente de las operaciones. Y la solución, que entonces ya sí aceptó el ala minoritaria de la coalición, fue la vía de escape ya conocida: un texto que cuenta con el grueso de las medidas y que está apalabrado con el resto de grupos parlamentarios y otro con la demanda de Sumar, el alquiler indefinido, que no tiene ningún viso de salir adelante por el rechazo en bloque de Junts y PNV, en clara mayoría con el esperado rechazo de PP y Vox.

El contexto de excepcionalidad en el que se aprobaron este martes las medidas también se evidenció en cómo se presentaron posteriormente. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sin toda la documentación sobre las medidas aprobadas porque, de tan reciente como era el acuerdo, algunas de ellas ni siquiera estaban redactadas por completo. Sumar, por su parte, convocó una rueda de prensa alternativa con sus cinco ministros para presumir de haber dado “un paso decisivo para poder transformar un modelo económico que se ha convertido en el principal lastre para las clases trabajadoras”.

Ante la presión de la calle, la decisión de contraprogramar la rueda de prensa de Rodríguez con otra de Bustinduy, que en otro momento se hubiera vivido dentro del Gobierno como un pulso de Sumar al PSOE, apenas pasó como una anécdota. Y ninguno de los dos socios del Ejecutivo quiso pedir directamente a Junts ni a Podemos su apoyo a las medidas el próximo viernes, aunque Bustinduy sí que dejó clara la que será la idea fuerza de la coalición en los próximos días para lograr la convalidación de las medidas: “Auguro a quien se ponga frente a ese clamor social”, dijo, “un destino político muy delicado”. Dentro de pocos días se comprobará si esa presión, y sobre todo la de las calles, surte o no efecto.

Source – elDiario