Las víctimas del ‘cártel de la leche’ quieren reclamar 2.000 millones de euros

Estos pleitos financiados por Ramco reúnen a unos 2.000 granjeros que se disponen a pedir alrededor de 500 millones de euros a las empresas en compensación por las cantidades que dejaron de cobrar debido a la entente entre sus clientes, que básicamente consistió en un pacto de precios combinado con una estrategia de reparto de proveedores que impedía que estos pudieran vender su producto a otra industria si no les gustaban las condiciones, según demostraron los investigadores de Competencia.

Es imposible exagerar la magnitud de este caso, pues los cartelistas (Puleva, Danone y Pascual, entre otros) disponían de una cuota de mercado que les permitió forzar a la baja la cotización de virtualmente todo el sector. La propia CNMC indicó que la cuota conjunta de las empresas infractoras en cada uno de los territorios en los que la conducta se desplegó superaba el 50% y constató un fuerte desequilibro en el poder negociador de la industria frente a los ganaderos. Otras autoridades de competencia regionales fallaron en la misma dirección, como la Autoridad Catalana de la Competencia, que advirtió de que había empresas que optaban por «no recoger la leche como medida de presión».

Si en el año 2000 en nuestro país había unos 56.000 ganaderos de vacuno de leche, en 2013 no llegaban a los 20.000 (según datos del Ministerio de Agricultura), lo que arroja un saldo de decenas de miles de potenciales reclamantes. Según cifras recabadas por este diario, por el momento ya se han sumado a los distintos pleitos colectivos que se están tramitando unos 10.000 profesionales del sector. Con todo, las industrias se exponen a tener que desembolsar cantidades millonarias que ABC estima en al menos 2.000 millones de euros tras unir las cuantías que pretende reclamar Ramco con las de otros despachos (Eskariam, Redi Abogados y BGI Law). Además, el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) estableció que el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que la sanción sea firme -es decir, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo-, hecho que proporciona a los abogados un margen de cinco años ‘extra’ para convencer a más afectados.

Precisamente, si las denuncias han tardado tanto en aparecer ha sido por la lentitud de los procesos administrativos. Las víctimas recibieron el primer espaldarazo judicial en febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional rechazó los argumentos de las sancionadas, y ya en julio de 2025 el Supremo inadmitió un recurso de Nestlé contra la decisión de Competencia, agotando definitivamente la vía judicial para esta compañía.

También han recibido un ‘no’ del Alto Tribunal Capsa (el fabricante de Central Lechera Asturiana), la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera Galicia y Lactalis (el fabricante de Président), y en la lista de espera están el resto de empresas que apelaron en casación: Pascual, Danone, Puleva (ahora integrado en Lactalis) y Schreiber Foods.

Un caso gigantesco

Mientras esto ocurría, la plataforma financiada por el fondo Ramco -junto a los abogados Gómez Acebo & Pombo- libró una batalla legal paralela a través de una batería de reclamaciones de daños -fueron las primeras- que presentó sin esperar al Tribunal Supremo, recibiendo varios fallos a su favor por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a los demandados al pago de cinco millones de euros, en un proceso que está pendiente en el Supremo. Ahora el fondo se dispone a imponer nuevas demandas, y lo hace armado con una base de datos que incluye una miríada de contratos, facturas y anotaciones de cerca de un millar de ganaderos, además de un peritaje elaborado por la consultora internacional Oxera.

Si algo caracteriza este pleito es su complejidad, hecho que ha obligado a firmas como Ramco a armarse de dinero para construir un caso firme en los tribunales. Bien es cierto que el expediente de la CNMC contiene un sinfín de pruebas incautadas a las empresas -correos electrónicos, notas manuscritas y actas de reuniones- que atestiguan la existencia del cártel, pero para bajar de las musas al teatro y convertir todo eso en la compensación económica que merece el colectivo ganadero hay que hacer mucho más. Según el peritaje que ha preparado durante años la firma Oxera, las cantidades adeudadas equivalen a una media de entre un 10% y un 11% del valor de cada litro vendido más intereses.