La Policía Nacional recibió órdenes de no actuar contra la acampada en Sol

Aquello duró dos meses, hasta julio, cuando fueron desalojados los integrantes del movimiento 15-M, y, en noviembre, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue desalojado de La Moncloa por Mariano Rajoy (PP). En aquella ocasión, la pelea política entre PSOE y populares versó en que en Interior consideraban que debía ser la Policía Municipal de Alberto Ruiz-Gallardón quien tenía la obligación de retirar a aquellas cientos de personas, al tratarse de un asunto de ocupación del espacio público municipal, y no de un problema de seguridad ciudadana. Eso, después de haber permitido que el «asunto», de orden público, se instalara allí. Finalmente, fue la Policía Municipal la que evacuó el lugar, tras ganar con mayoría absoluta el PP los comicios municipales y autonómicos.

Este domingo por la tarde, fuentes del consitorio que dirige José Luis Martínez-Almeida manifestaron «su sorpresa e indignación por la absoluta negligencia y dejación de funciones» de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior: «Cuando comenzaron los asentamientos ilegales, la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. El Ayuntamiento de Madrid exige una explicación. Es la Delegación del Gobierno a la que corresponde el control del orden público, especialmente en lo que se refiere al derecho de manifestación. No puede mirar hacia otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causan su incapacidad e incompetencia, por lo que exigimos que se reponga la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes».

Las fuentes de toda solvencia consultadas por ABC precisan que la orden de servicio para la manifestación y concentración no incluía ningún apunte sobre una posible ocupación ilegal del espacio público; pero tanto la Policía Nacional como varios periodistas manejaban datos de que esa posibilidad estaba encima de la mesa desde, al menos, el viernes. Los servicios de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid así lo habían trasladado a las instancias correspondientes. Es más, muchos de los concentrados ya tenían preparadas sus tiendas y elementos para pasar días allí. En Sol, además del Sindicato de Inquilinas, hay gente vinculada a Podemos, anarquistas, okupas y las Coordinadoras de Anticapitalistas y Antifascistas, gente que ya participó en el 15-M, informan fuentes del caso.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, conocía estos extremos. Pero, cuando se dio por finalizada la manifestación comunicada, desde Sol a Cibeles y con fin en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso de los Diputados, decenas de personas anunciaron lo que se sabía: que iban a acampar en la Puerta del Sol, justo delante de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Los primeros informes apuntaba a 30-40 tiendas de campaña. ABC se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno, que ha declinado hacer declaraciones sobre todo el asunto.

El ático de Chamberí

Aunque las reclamaciones del sindicato van dirigidas a los tres estamentos de la administración pública, bien es cierto que se señala con especial interés a la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, a la que culpan de la eclosión de los fondos de inversión con intereses inmobiliarios; y aprovechan la polémica por la adquisición del ático de lujo en Chamberí para vilipendiarla.

Y lo hicieron en total calma porque no los esperaban los antidisturbios: «El despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP) era de cuatro grupos, unos 120 agentes, porque la plantilla no está al 100% (lo que hubiese elevado la cifra a unos dos centenares); pero con esta cantidad estábamos más que habilitados para evitar la acampada o echarlos de allí; sin embargo, la orden fue no hacer nada contra ellos, dejarlos quedarse, dejarlos acampar», añaden las fuentes consultadas, que lo achacan, sin ningún género de dudas, a una decisión política del Gobierno central.

Es cierto que el protocolo para una actuación sobre masas cuando se está cometiendo una ilegalidad requiere de los criterios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia; pero, insisten, en este caso se daban. Es más, lo lógico hubiese sido haber evitado el inicio del asentamiento, más que actuar sobre él cuando ya estaba desplegado.

Malestar policial interno

Tanto es así, que hoy domingo, por la mañana, hay muchas más tiendas puestas en medio de la plaza. Ayer, cuando comenzaron a llegar, apenas había tres coches patrulla rotulados de la Policía Municipal de Madrid (los que siempre están de vigilancia estática en la plaza, que los sábados por la noche se llena aún más de viandantes) y un solo furgón de las UIP. Pero nadie hizo nada.

A esto se suma el malestar interno en la Policía Nacional por el requerimiento del propio Francisco Martín al jefe superior, tanto en público como en privado, de un informe exhaustivo sobre la actuación durante el desahucio de Maricarmen y de los miembros del Sindicato de Inquilinas en la calle del Alcalde Sainz de Baranda (Retiro), el miércoles pasado. Dijo que las imágenes que había visto del operativo no le habían gustado, tras las quejas de los activistas. Horas antes, había manifestado en X que la orden de desalojo era de una juez y que Delegación del Gobierno no tenía nada que ver con el dispositivo. Los sindicatos del ramo han denunciado el uso político que, a su juicio, se está haciendo con ellos.

Así, a mediodía de este miércoles, tampoco consta que haya una orden oficial para echar a los campistas del centro de Madrid. El martes está previsto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe el decreto que endurecerá este tipo de lanzamientos y las compras de inmuebles por parte de fondos de inversión como el que ha desalojado a Maricarmen. Quizá entonces, si los manifestantes lo consideran suficiente para sus reclamanciones, el campamento se levante.