La pinza de la inflación y los impuestos deja las economías domésticas al límite
«España es hoy un país mejor de lo que era hace ocho años». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha cansado de repetir este mantra como una especie de reafirmación de lo que las estadísticas sobre crecimiento decían, pero la realidad cotidiana … de los españoles se empeñaba en no acreditar. Porque si algo ha caracterizado el desempeño de la economía española desde 2023 hasta el día en que nos encontramos ha sido la disonancia entre las robustas cifras de crecimiento que mostraban los datos del Instituto Nacional de Estadística, sensiblemente mejores a las del resto de países de nuestro entorno, y la situación económica real de los hogares, zarandeada por una inflación que ha disparado cerca de un 40% el coste de suministros básicos de la cesta de la compra como los alimentos, el gas, la electricidad o el combustible.
La subida de los salarios ha sido insuficiente para compensar el encarecimiento del coste de la vida y la presión fiscal sobre las nóminas no ha dejado de crecer, tanto por la vía del Impuesto de la Renta como por las cotizaciones sociales. Todo ello ha configurado un ‘cocktail’ en que el crecimiento de la economía, en buena medida impulsado por el incremento de la población, no se ha traducido en mejoras del bienestar.
Los principales indicadores que sirven para medir las mejoras en el nivel de bienestar de los ciudadanos se han estancado. Por buscar una fuente oficial, el Indicador Multisectorial de Calidad de Vida, una encuesta experimental del INE promovida en su día por Nadia Calviño como referencia alternativa al PIB cuando los datos de crecimiento se empeñaban en no acompañar el relato del Gobierno sobre la mejora de la economía tras la pandemia y que se construye a partir de 60 datos, revela que a la altura de 2024 -último ejercicio disponible- las condiciones materiales de vida de los españoles, entre las que se incluye la renta de los hogares, la satisfacción con la situación económica propia, la satisfacción con la vivienda o la capacidad para atender gastos imprevistos, no solo no habían recuperado la situación anterior a la pandemia sino que ni siquiera estaban a la altura de lo que los españoles tenían en el año 2008. La renta disponible de los hogares, de hecho, no superó la situación previa a la gran crisis financiera hasta hace apenas un puñado de trimestres. Algo similar sucede con la percepción sobre la conciliación de la vida personal y laboral, la percepción de seguridad o la percepción sobre la calidad de la gobernanza.
Los sucesivos escudos dispuestos por el Gobierno para combatir la inflación, en los que ha empleado más de 15.000 millones de euros de recursos públicos pese a no tener unos Presupuestos Generales que los pudieran asignar, no han conseguido alterar esa percepción ni conseguir que mejora la percepción social sobre la situación económica.
La apuesta del Gobierno por el gasto público como forma de enfocar los desafíos que se le han ido poniendo por el camino y de gestionar una abundancia de recursos fiscales sin precedentes no ha resultado demasiado eficaz. Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España han criticado que el planteamiento escasamente focalizado de esas ayudas han despilfarrado recursos, que han terminado en cohortes de población que no los necesitaban.
El caudal de 160.000 millones de euros de fondos europeos que han llegado desde la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación han sido más un problema que una solución. España se ha visto finalmente obligada a renunciar a 60.000 millones de financiación barata por su incapacidad para gestionar esos recursos y los ambiciosos objetivos de movilización de inversión privada y mejora del crecimiento potencial de la economía no se han cumplido.
El Gobierno pasará a la historia también por ser el primero de la historia de la democracia que completa una legislatura de cerca de cuatro año sin haber aprobado, y ni siquiera presentado, un solo proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Source – ABC News
