Hecho insólito: Elma Saiz se niega a hacer valoraciones políticas en Moncloa “por respeto a la Junta electoral”

Después de acumular más de 13.000 euros en multas y decenas de expedientes en la Junta Electoral Central —el último la semana pasada a Pedro Sánchez—, el Gobierno hace propósito de enmienda y se compromete a no utilizar más la Moncloa como escaparate electoral.

Durante la rueda de prensa de este martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, reprodujo hasta en tres ocasiones la frase: “Por respeto a la Junta Electoral Central no puedo responder“.

Una coletilla que también replicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que en la última campaña de las elecciones generales de 2023 fue sancionada con dos multas de este organismo.

En total, tuvo que pagar 4.700 euros por realizar declaraciones con “connotaciones electoralistas” en dos ruedas de prensa celebradas en vísperas de de las elecciones generales y autonómicas.

Su sucesora, Pilar Alegría, tuvo que pagar 4.400 euros por declaraciones emitidas durante la campaña de las elecciones catalanas y de los comicios europeos tras calificar a PP y Vox de “vergonzosa oposición”.

También la primera portavoz de Sánchez, Isabel Celaá, fue sancionada con 2.200 euros, una multa que recurrió, pero que fue confirmada por el Tribunal Supremo. Su frase no dejaba lugar a la duda: “El Partido Socialista Obrero Español sale a ganar las elecciones”.

El propio Pedro Sánchez ha pecado y es reincidente. Y tiene el récord de ser el primer presidente del Gobierno sancionado por la JEC.

En 2019 tuvo que pagar 500 euros por conceder una entrevista a La Sexta desde La Moncloa con las Cortes ya disueltas.

En 2023 se le impuso una nueva multa, ratificada por el Supremo, por “ensalzar los logros de su Gobierno y desacreditar a los rivales políticos” en una comparecencia tras la reunión del Consejo de la Unión Europea, en plena precampaña de las generales.

Más tarde, llegaron otras dos sanciones: por apoyar a Salvador Illa en plenas elecciones catalanas desde un atril del Gobierno y otra más por mostrar su apoyo a Miguel Ángel Gallardo en Extremadura.

En total, las sanciones conjuntas a miembros del Gobierno desde 2018 superan los 13.000 euros.

En el Gobierno admiten estar “asustados” y prometen cautela después de que la JEC abriera la semana pasada un nuevo expediente sancionador a Sánchez por la comparecencia del 6 de octubre desde la Moncloa en la que anunció los nuevos decretos de vivienda.

La JEC entiende que no se respetó “el deber de neutralidad política que deben cumplir los poderes públicos durante los períodos electorales”.

En esa comparecencia, Sánchez aprovechó para criticar a la oposición, reivindicar los logros del Gobierno y reclamar una mayoría parlamentaria.

Esas declaraciones podrían ser sancionadas con una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Con miedo

Uno de los ministros que comparecía este martes admitía que se había “mordido la lengua” para evitar atacar al Partido Popular, y aclaraba que no lo hacía por respeto a la Junta Electoral.

De hecho, los tres ministros que comparecieron —Elma Saiz, Luis Planas e Isabel Rodríguez— evitaron pronunciarse sobre un hipotético pacto entre el PP y Vox para el Senado, sobre las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y sobre la inminente visita del presidente argentino, Javier Milei, cuyo viaje enmarcan en Moncloa dentro de una gira política y no como una visita oficial.

“Las relaciones políticas con Argentina son excelentes”, admitían más tarde fuentes gubernamentales para quitarle hierro al asunto.

Los ministros sí pueden hacer declaraciones políticas, pero no en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, donde comparecen en calidad de Gobierno de España.

Un ejemplo es la frase que Óscar Puente, ministro de Transportes, le dedicaba a Milei en el mitin de Pedro Sánchez en Valladolid de este lunes, donde ejerció como telonero:

“No me voy a meter con cómo baila o con cómo canta. Es verdad que canta como un gato afónico al que le ha pillado la cola la puerta”, afirmaba Puente. Eso sí, desde un atril con el logo del PSOE y no del Gobierno.

Source – Elespanol