El Gobierno irrumpe en el mercado de vivienda: castiga a fondos y pisos turísticos y prohíbe los desahucios

Así las cosas, el Ejecutivo ha optado por diferenciar un decreto de otro para ubicar en un primero las medidas que más encajan con lo negociado con Junts y PNV y así acercarse a su convalidación en el Congreso. Ese primer texto irá cargado de medidas intervencionistas como la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Del otro lado estaría un segundo real decreto que contiene la renovación automática de los alquileres, una medida en la que se ha enrocado Sumar para cerrar el acuerdo con sus socios de coalición, pero cuyo futuro está escrito por el rechazo a la iniciativa de formaciones clave para su aprobación.

El Gobierno defiende que ambos textos buscan «defender los intereses y los derechos de la ciudadanía», mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también insiste en que se trata de un acuerdo «de mucha relevancia social» y que sirve para «reconstruir una mayoría en el parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país», ha dicho durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Acto seguido, Rodríguez ha enumerado el contenido de una norma que considera «ambiciosa» y de la que ha asegurado que el Gobierno lleva «años» trabajando. La exalcaldesa de Puertollano ha asegurado que el texto persigue evitar que se «repitan más casos como el de Maricarmen» y por ello ha anunciado la prórroga del escudo antidesahucios hasta 2030 y la paralización «de las compras especulativas» de los fondos de inversión «para prohibirles que siguen mercadeando» con la vivienda y frenar «la compra especulativa».

El mismo decreto incluirá la regulación del alquiler de temporada, que persigue «frenar el fraude que sufren miles de personas», así como el aumento del IVA al 10% de los alquileres turísticos frente al 21% que se propuso inicialmente. Con el fin de «reducir el esfuerzo económico de las familias», también se habilitan bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros, una medida que según Rodríguez llegará a un entorno de 1,6 millones de hogares. Del mismo modo, se habilitarán bonificaciones fiscales para los propietarios que bajen el precio del alquiler.

Otra novedad es la activación del mecanismo Tucasa, con el que el Gobierno quiere adelantar a las familias el dinero para la entrada necesaria para la compra de una primera vivienda, que normalmente equivale a un 20% del valor del inmueble. Será gestionado por el ICO y la aportación máxima a cada hogar será de 50.000 euros con un tipo de interés del 0%. Además, para constructores se activará un IVA superreducido del 4% para la construcción de la vivienda de promoción pública.

Contratos indefinidos

Sobre el contenido del segundo decreto, la ministra del ramo ha adelantado que incluye «medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual» y ha especificado que se trata de un texto en el que «se van a pedir renovar de forma automática los contratos de alquiler con salvaguardas por distintas circunstancias», pero sin ofrecer más concreciones sobre la duración de los mismos. Como ejemplo ha puesto los contratos de alquiler de la empresa estatal de vivienda Casa 47 que tienen una duración inicial de 14 años y ofrecen prórrogas automáticas sucesivas de 7 años hasta un límite de 75 años. Es decir, que aspiran a ser una especie de contrato indefinido de arrendamiento.

La ministra ha llamado a todos los grupos políticos a apoyar ambos textos el viernes en el Congreso y ha mencionado que su convalidación representa «la oportunidad de decirle a Maricarmen de que su sufrimiento ha merecido la pena y que con su lucha van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la misma situación lamentable».

Con todo, falta conocer la letra pequeña de cada decreto, pero esta diferirá en algunos puntos respecto al borrador que ayer el PSOE entregó a sus socios, en el que se contemplaba que los desahucios para inquilinos vulnerables se suspendieran hasta el 31 de diciembre de 2028 y no hasta 2030 como finalmente se ha decidido. También falta por saber si esta medida afectará por igual a pequeños caseros y grandes propietarios como así se contemplaba en la toma remitida ayer a los partidos y que Junts rechazaba por decir que se igualaba a los pequeños propietarios y a los fondos buitre.