Los partidos canarios pactan exigir a Sánchez el Frontex, y al próximo Gobierno poder juzgar a las mafias por homicidio

A ella acudirá el presidente canario, Fernando Clavijo, con un acuerdo con los grupos parlamentarios del Parlamento de las islas, salvo Vox, para reclamar a Pedro Sánchez que pida a la UE el refuerzo de Frontex, con “medios operativos, de vigilancia y de detección temprana”.

El pacto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge asimismo una reforma legal, que ya se solicitará al próximo Gobierno, “una vez que se constituyan las Cortes Generales” tras el 29-N, para “reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la normativa conexa”.

Este cambio legislativo tiene el fin de “restablecer la posibilidad de perseguir penalmente, bajo el principio de jurisdicción universal, los delitos de homicidio o asesinato cometidos en alta mar, especialmente en el contexto de la inmigración irregular”.

La justicia universal fue restringida en 2014, aunque aquella reforma mantuvo la competencia sobre determinados delitos marítimos, incluidos la trata y los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en los supuestos previstos internacionalmente.

Se trata de tipificar específicamente como un supuesto concreto en la ley, según las fuentes consultadas en el Gobierno de las islas, “la persecución de las mafias” por homicidio o asesinato en las travesías migratorias.

El documento combina medidas inmediatas ante la emergencia migratoria con cambios para combatir a las mafias. Exige al Gobierno central “un plan extraordinario de contingencia”, reuniones semanales con Canarias y ayudas económicas específicas para El Hierro.

También reclama solidaridad europea y una iniciativa diplomática con los países africanos de origen y tránsito.

Clavijo consensuó la propuesta este domingo, en una reunión urgente con los portavoces de los grupos firmantes del Pacto Migratorio. Según explicó a este periódico, el texto debía “pasar este lunes por el Consejo de Gobierno”, antes de la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración.

La finalidad es “hablar con una única voz, no sólo la del Gobierno de Canarias, no sólo la de unas fuerzas políticas integrantes del Gobierno”, subrayó el presidente.

Frontex y delitos en alta mar

El acuerdo pide al Ejecutivo central que solicite a la Comisión Europea y a las agencias competentes, especialmente Frontex, “una evaluación urgente de la ruta atlántica”. Reclama reforzar los medios operativos, la vigilancia y la detección temprana, en coordinación con las autoridades españolas.

La petición se apoya en la condición de Canarias como “frontera exterior de la Unión Europea”, teniendo en cuenta “las singularidades geográficas y operativas de las regiones ultraperiféricas“.

El documento sostiene que la gestión de las fronteras y los flujos migratorios exige “una responsabilidad que debe ser compartida entre el Estado y las instituciones europeas”.

La reforma penal se emplaza al horizonte electoral de las generales del 29 de noviembre, de donde saldrá otro Gobierno, previsiblemente de signo distinto, según las encuestas.

La propuesta no identifica casos concretos ni limita esa persecución a las mafias. En otro apartado exige combatir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

El Hierro, al límite

La urgencia tiene su principal escenario en El Hierro.

La pequeña isla más occidental del archipiélago, última estación posible de llegada, tiene una población censada de unos 12.000 habitantes. Pero la estimación real de población residente se sitúa en “algo más de 8.000 personas”. Y las llegadas de irregulares superan ya las 5.000 según los datos oficiales cerrados este domingo.

El balance registra 47 embarcaciones destinadas a El Hierro de las 63 anotadas en todo el archipiélago: aproximadamente tres de cada cuatro.

“En el mes pasado, más de 5.300 personas, y en lo que va de mes hasta yo he perdido la cuenta porque es a cada hora. Una barbaridad“, afirma el vicepresidente canario, Manolo Domínguez.

“Ahora ya llegan a los dos puertos de El Hierro, a La Restinga y a La Estaca. Esto es una locura“, añade.

El documento estadístico muestra 5.969 personas para el conjunto de Canarias, pero quince embarcaciones seguían pendientes de confirmación del número de ocupantes por el 112 y una figuraba sin estimación numérica.

Ceuta como referencia

El plan extraordinario que llevará Clavijo este martes a Moncloa debe reforzar Salvamento Marítimo, la vigilancia y el rescate. Además, pide medios para una mejor asistencia sanitaria y la primera acogida. También los mecanismos de derivación y traslado para evitar la saturación de las islas.

La atención especial a El Hierro incorpora una condición: que la respuesta humanitaria no comprometa “la prestación ordinaria de los servicios públicos a la población residente“.

Para comprobar la ejecución, el pacto reclama “coordinación permanente Estado–Canarias”, con reuniones semanales mientras persista la situación. Evaluaría las llegadas, las necesidades de recursos y los dispositivos.

El paquete económico incluye “ayudas a empresas y autónomos, incentivos fiscales, bonificaciones en las cotizaciones y financiación extraordinaria” para las administraciones.

El documento toma como referencia “las actuaciones aprobadas por el Estado para Ceuta ante una situación de emergencia migratoria y adaptándolas a las singularidades económicas, sociales y territoriales de El Hierro”.

En el ámbito europeo, exige solicitar los mecanismos de solidaridad del Pacto de Migración y Asilo jurídicamente aplicables, con apoyo operativo y financiero y reparto de responsabilidades… como un eventual reparto de migrantes entre los Veintisiete, que debe reclamar el Gobierno de España.

También pide incluir expresamente a Canarias en el nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia, es decir, la iniciativa de Ursula von der Leyen para suspender los derechos de asilo y activar los retornos masivos en caso de “instrumentalización política de la inmigración” por parte de potencias extranjeras.

La iniciativa diplomática señala a Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, con participación europea. Busca reforzar la cooperación policial, intercambiar información, prevenir travesías peligrosas y combatir las redes criminales.

De la “invasión” a Canarias

EL ESPAÑOL ya informó el 1 de octubre de la nueva alerta humanitaria en Canarias, tras el asalto masivo a Ceuta de finales de julio. Entonces, el Gobierno insular ya vinculaba el repunte atlántico con las restricciones en el entorno de Ceuta y Melilla y advertía de nuevas salidas favorecidas por las condiciones del océano.

Fuentes del Ejecutivo de Clavijo atribuyen la reactivación al desplazamiento del tráfico de las mafias hacia la ruta atlántica desde África occidental, “tras el refuerzo del control” en el norte de Marruecos.

“Los informes internos del propio Estado advertían de que el cierre de la ruta mediterránea intensificaría la atlántica”, denunciaba un documento interno de trabajo.

El salto quedó reflejado en el balance publicado este fin de semana: 10.209 llegadas desde el 1 de octubre hasta el viernes 6 de noviembre. Representaban el 58,5% de las entradas marítimas acumuladas en Canarias durante el año hasta ese corte.

El cruce de cartas con Sánchez

El acuerdo de todos los grupos políticos canarios, menos Vox, llega después de un durísimo intercambio de cartas entre Clavijo y Sánchez entre el miércoles y el jueves pasados, a las que tuvo acceso este diario.

El presidente canario recibió el día 4 la respuesta de Sánchez a una misiva previa y replicó “indignado” el día 5 con una petición de reunión bilateral urgente.

El presidente del Gobierno “se limitaba a hacer un inventario” de actuaciones pasadas que, “es evidente que no están funcionando“, según el jefe del Gobierno insular.

Sánchez defendía la actuación estatal y una inversión de 218 millones de euros en los últimos años. Relacionó el repunte con la mejora de las condiciones climáticas y apeló al trabajo “leal y coordinado” entre administraciones.

Clavijo consideró insuficiente esa respuesta. En su carta de contestación reclamó una reunión bilateral “urgente” para acordar actuaciones para anticiparse a los acontecimientos. “No podemos limitarnos a reaccionar cuando las embarcaciones llegan a nuestras costas”, advertía.

Ahora acudirá a Moncloa con un documento consensuado y agradece la “altura de miras” de los portavoces en “un contexto de polarización, y a sólo 21 días de unas elecciones”.

El martes buscará que Sánchez ofrezca “acuerdos concretos que mejoren de manera inmediata” la situación de El Hierro. También protocolos de anticipación para gestionar la frontera sur europea “con respeto a los derechos humanos”… y para el próximo Gobierno ya tiene deberes en forma de reforma legal.