El Gobierno se compromete en plena campaña a subir un 4,5% el sueldo de los funcionarios

Para los funcionarios, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido con los sindicatos a aprobar un real decreto-ley con la subida pactada en 2025. Según ha trasladado a CSIF, CC.OO. y UGT, el departamento que dirige Oscar López garantiza el alza del 4,5% inicial efectiva desde enero, y un 0,5% adicional si el dato medio de inflación de 2026 supera el 1,5%, de manera que ese incremento adicional se debería aplicar a partir de febrero porque el IPC medio se situará, previsiblemente, cerca del 4%. No obstante, el Ejecutivo no ha dado ninguna fecha para aprobrar la subida y tampoco ha especificado si lo hará antes o después de las elecciones, con el Gobierno en funciones.

El alza para los más de tres millones de empleados públicos responde al acuerdo marco firmado por UGT, CSIF y CC.OO., en el que se incluía una subida del 2,5% en 2025; del 2% en 2026; del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Los incrementos son consolidables, es decir, la variación de cada año se aplica sobre las retribuciones actualizadas del anterior e incluyen además unas cláusulas para compensar parcialmente incrementos imprevistos de la inflación, como ha sucedido en este año 2026 por el inicio de una nueva guerra en Oriente Medio.

Ceses por la temporalidad

Función Pública también ha comunicado a las centrales que prepara una norma para cesar a los gestores de las administraciones que abusen de la temporalidad, que se mantiene en el entorno del 30% frente al 8% comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación. Cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace ya cinco años, un objetivo que a golpe de legislación ha tenido que cumplir el sector privado mientras el sector público seguía engordando tanto el número de interinos como el personal laboral.

Previamente, el Consejo de Ministros recuperaba los «martes sociales» y aprobaba un decreto exprés que llevará para su aprobación a la Diputación Permante, en el que se incluyen medidas que afectan a los convivientes con hijos en común, que pasarán a tener derecho a pensión de viudedad si acreditan que en los dos años previos a la solicitud han vivido juntos ininterrumpidamente, sin que tengan que estar casados o haber formalizado la relación como pareja de hecho, además de que las solicitudes que fueron denegadas podrán ser revisadas en los próximos 12 meses. La norma equipara de esta forma a los convivientes que no estén casados o a las parejas de hecho, los colectivos que hasta ahora podían solicitarla. Esta mejora se incluyó en el texto para mejorar la incapacidad temporal ante el galopante aumento del gasto que se presentó a empresarios y sindicatos, pero finalmente no prosperó.

El texto amplía también la incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia; y para víctimas de violencia de género, para las que se fija una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. En este caso, la empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social abonará la prestación, señala el Gobierno.

Pasado el filtro de la Diputación Permanente se pretende poner en marcha también nuevas ayudas para los padres que cuidan de menores con cáncer o enfermedades graves, para los que la norma mejora la prestación para que los dos progenitores puedan recibirla de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando el afectado presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente alta.