La invasión de Ceuta fue peor de lo que dijo el Gobierno: la Guardia Civil cifra en 88.146 los marroquíes que retornaron

Así consta en un informe firmado por la Benemérita y enviado a la juez María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de dicho episodio. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este documento [ver imagen inferior].

Las cifras aportadas por la Guardia Civil, por tanto, ponen en cuestión los datos que, desde entonces, ha ido haciendo públicos el Gobierno central, que limitó a unas 72.000 las entradas durante la avalancha masiva.

Fragmento del informe de la Guardia Civil. EE

De hecho, en un inicio, la primera cifra oficial que trascendió fue la de 79.000 migrantes, pero Moncloa la redujo, finalmente, a unos 72 millares.

Ahora bien, cuando aún permanecen miles de ilegales en la ciudad autónoma, la Guardia Civil cifra, en un informe fechado el pasado 27 de octubre, en más de 88.000 los retornados, lo que aporta una magnitud mayor a la avalancha y pone en cuestión los datos del Gobierno.

En ningún caso el atestado policial menciona cifra alguna de las entradas que se produjeron en Ceuta en aquellos días; ni reitera el número que sostiene el Gobierno ni aporta uno diferente.

En el informe, en respuesta a la juez Tardón, que pidió documentación sobre la magnitud de la invasión, la Dirección General del Instituto Armado señala lo siguiente: “Retornos: se estima que, a fecha de elaboración del presente informe, podrían haber retornado a Marruecos aproximadamente 88.146 personas”.

En el mismo dosier, la Guardia Civil también cifra en 862 el número de rescates efectuados por personal de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Cuerpo y del Servicio Marítimo en aguas de soberanía española.

Por otro lado, sitúa en 90 el número de fallecimientos que consta a las autoridades españolas, un dato que también pidió Tardón.

“La Policía Judicial se ha hecho cargo de las actuaciones relacionadas con la autopsia y el envío de muestras biológicas”, explica el informe.

El documento también detalla a la juez cuáles han sido los refuerzos efectuado en la Guardia Civil en Ceuta desde la invasión del pasado julio; tanto en el ámbito terrestre, como aéreo y marítimo.

Por otro lado, como avanzó EL ESPAÑOL, el Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, cifra en 45.320.000 euros el “coste extraordinario” que tuvo para sus arcas este episodio.

Dicho número es el resultado de la suma de gastos e inversiones imprevistas que el Ejecutivo ceutí ha tenido que acometer para seguir manteniendo activos servicios básicos en la ciudad, como atención sanitaria, limpieza y cuidado medioambiental.

Asimismo, ya son varios los informes policiales y los testimonios personales que apuntan a las Fuerzas de Seguridad marroquíes como impulsoras de la invasión.

Altos mandos policiales del país vecino estuvieron presentes en la zona fronteriza durante la avalancha.

Uno de ellos fue el prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, quien, según la Policía española, se dedicó a dar órdenes y directrices en pleno asalto a Ceuta.

Por otro lado, otro informe —en este caso, de la Dirección General de la Policía Nacional—, también enviado a la juez, señala que este Cuerpo no posee una cifra oficial del número de inmigrantes que entraron en tromba en la ciudad autónoma en aquellos dos días.

“En este sentido, se significa que la entrada masiva se produjo por la zona de custodia del vallado y espigón del Tarajal, bajo protección de Guardia Civil, sin que en ningún momento se produjese entrada alguna por el puesto fronterizo competencia de Policía Nacional”, reza este segundo informe.

El documento, consultado por EL ESPAÑOL, sí añade otros 2.449 “retornos voluntarios” a Marruecos. Es decir, otras casi 2.500 personas habrían vuelto a su país tras ser interceptados por policías o haber desistido en sus peticiones de asilo.

La Policía Nacional también cifra en 225 las expulsiones de invasores decretadas por la Justicia y en 88 las “devoluciones gubernativas”.

¿Qué es este concepto? El artículo 58.3 b) de la Ley de Extranjería regula las devoluciones gubernativas aplicadas a los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en España.

Este precepto permite a las autoridades la expulsión o retorno inmediato de la persona sin necesidad de tramitar un expediente sancionador de expulsión ordinario.