El juez da dos días al PSOE para que informe de los abogados a los que contrató entre 2021 y 2025

El juez requiere tanto la información de los abogados y despachos contratados en los años mencionados «en cualquiera de sus órganos centrales o territoriales», así como la «copia de la documentación o expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación, así como la aportada, en su caso, para dar por justiciados los servicios prestados».

La petición de dicha información viene porque tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción sospechan que la formación de Pedro Sánchez pudo ocultar pagos de encargos a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, a través de facturas de asesoría legal. De hecho, ya se investiga en la causa a Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y a Ismael Oliver, el primer abogado de Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por facturas giradas a la formación.

El pasado 8 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe en el que vio indicios de delito por parte del PSOE en relación con la posible financiación de las denominadas ‘cloacas’ presuntamente encabezadas por Díez y por Santos Cerdán, aunque consideró que aún hay que practicar más diligencias antes de la imputación de la formación como persona jurídica. El juez Pedraz decidió esperar y practicar las diligencias, entre ellas tomar declaración como investigado al ex número tres del PSOE.

El Partido Popular, como acusación popular de la causa -en la que se aborda si desde Ferraz se sufragó una trama destinada a torpedear investigaciones judiciales que afectaban al entorno más próximo de Pedro Sánchez-, pidió al juez la imputación porque ve que la investigación de la Audiencia Nacional ha «venido a confirmar» que el PSOE «sufragó» los «gastos de la organización criminal por indicación del entonces secretario de Organización». Los de Alberto Núñez Feijóo aseguran que «la razón de ser de cada uno de los delitos indiciariamente cometidos era proteger y defender los intereses del PSOE, de sus miembros y familiares, a los que acechaban numerosos procedimientos judiciales en los que se les atribuían -y aún se les atribuyen- graves delitos de corrupción».