Meloni consigue endurecer las medidas contra menores que participan en actos violentos tras los disturbios en Milán

Las ha explicado Giorgia Meloni en un vídeo en redes sociales, en el que ha revelado que entre los menores que la policía identificó en Milán este fin de semana había un niño de 11 años. Entre las medidas que entran inmediatamente en vigor establece que «quien rompe, paga», y si es un menor, pagan los padres; convierte en delito la participación violenta en manifestaciones públicas; la policía podrá «retener» preventivamente a menores sospechosos; y aumentan las penas para quien comete el delito con el rostro cubierto.

Meloni, que llevaba tiempo intentando endurecer las penas contra menores, ha dicho que se debe estudiar lo ocurrido este fin de semana en Milán, pues considera que en esta protesta había un elemento nuevo. «Junto a los grupos radicales tradicionales hemos visto algo nuevo: centenares de jóvenes, muchos de ellos menores, convocados a través de las redes sociales para destrozar, saquear y grabarse mientras lo hacían. Hay que afrontarlo con seriedad para que esas imágenes no se transformen en un modelo que imitar», explica.

La principal novedad del decreto ley respecto al proyecto inicial es que los 500 militares que llegarán en las próximas horas a Milán para reforzar la seguridad en las calles, no tendrán funciones de «policía judicial» como había apuntado el Gobierno inicialmente, y no podrán hacer arrestos. La idea es que patrullen en equipos mixtos de policías y soldados. La explicación es que los soldados no cuentan con formación específica para este tipo de tareas, y, según filtran los equipos negociadores, autorizar que las asuman podría evocar prácticas represivas.

El decreto sí incluye otras medidas contundentes, como considerar responsables a los padres de menores de los daños causados durante los disturbios, que deberán pagar multas de entre 500 y 1.000 euros y una compensación económica o una indemnización a los afectados.

Mano dura contra la violencia

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha anunciado que también «se amplían las medidas preventivas que pueden aplicar los jefes de policía, incluso contra menores de entre 14 y 18 años; y se extiende el mecanismo de alejamiento preventivo a situaciones que alteren el orden público en lugares con gran afluencia de personas, aunque no exista una manifestación formalmente convocada».

Piantedosi se refiere a que la policía podrá ‘retener preventivamente’ en la comisaría hasta 24 horas a menores de edad que sospechan que podrían protagonizar altercados.

El decreto amplía la presunción de punibilidad a los menores de entre 14 y 18 años, salvo prueba contraria, como ocurre en el ordenamiento español. Hasta ahora, en Italia, era necesario demostrar que el menor es capaz de comprender el significado de sus actos y, por tanto, imputable, y los jueces valoraban según cada caso.

Nuevos delitos en protestas

También se extiende a menores de edad el llamado «arresto en flagrancia diferida», en las 48 horas siguientes al hecho, que permite, por ejemplo, arrestar a personas que aparecen cometiendo un delito en vídeos en redes sociales. Éste se amplía a la devastación y saqueo, atentados contra instalaciones de utilidad pública y daños causados por un grupo. También a un nuevo delito, descrito como «participación violenta en manifestaciones públicas». «Lo comete un grupo de al menos cinco personas que utilice o lance objetos peligrosos, como palos, barras, bengalas, petardos o fuegos artificiales, generando un peligro concreto para la integridad de las personas. La pena prevista es de dos a cinco años de prisión», ha detallado Carlo Nordio, ministro de Justicia.

En este caso, «las penas aumentan cuando los participantes actúan encapuchados o dificultan su identificación, o cuando los ataques se dirigen contra infraestructuras esenciales, como servicios energéticos o de transporte», ha asegurado. También será perseguible quien organiza ese grupo directamente o a través de redes sociales, con penas de hasta doce años de prisión.

Además, y el juez podrá dictar medidas cautelares contra jóvenes de 16 años en adelante, aunque ello suponga que los acusados deban suspender estudios que estaban siguiendo. También serán perseguibles de oficio las lesiones a agentes, que hasta ahora eran perseguibles solo si agravadas.

«Manifestarse es un derecho, pero destrozar nuestras ciudades no lo es. Estas son las medidas que hemos aprobado para combatir la violencia y proteger la seguridad de los ciudadanos», ha concluido Giorgia Meloni.

Salvini celebra el nuevo decreto

Salvini ha celebrado la nueva norma con un vídeo en redes sociales en el que combina sus palabras con escenas de los ataques de menores contra la policía y las tiendas. «Más militares para ‘Calles Seguras’ (nombre de la operación en la que trabajan los militares), de los cuales 500 ya están en Milán; detención a posteriori gracias a las cámaras de vigilancia y más competencias para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden», escribe. Anuncia que «de cara al futuro, se prevé la retirada de la nacionalidad y del permiso de residencia a los mayores de edad que cometan delitos, así como la imposibilidad de obtener la nacionalidad para los menores que trafiquen con drogas, saqueen o causen destrozos».

Esta mañana, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto ha encuadrado las protestas en una «guerra híbrida, que alguien está llevando a cabo en nuestras naciones recurriendo a instrumentos no convencionales como TikTok, las redes sociales y YouTube». A Crosetto le preocupa «la capacidad que tienen algunas naciones, tras haber estudiado con algoritmos la mente de nuestros jóvenes, de saber mucho mejor que nosotros cómo influir en ellos». «En algún lugar —no en la familia ni en la escuela—, se les han inculcado valores, ambiciones, una visión del mundo y puntos de referencia que entran en conflicto con la sociedad en la que vivimos y con las normas democráticas», sospecha.

Piantedosi ha reconocido que «es legítimo investigar si existen dinámicas de desestabilización social detrás de estos fenómenos. Aún es pronto para emitir conclusiones definitivas, pero hay motivos suficientes para profundizar en las investigaciones». Añade que «los primeros indicios descartan conexiones estructuradas con centros sociales u organizaciones antagonistas tradicionales. Esto no nos tranquiliza necesariamente, porque estamos ante un fenómeno muy espontáneo, fluido y difícil de identificar».

El decreto entra en vigor con su publicación, pero el Parlamento tiene dos meses para convalidarlo. Y la pregunta que dejó Crosetto sobre quién educa a los jóvenes que saquean, por ahora no la responde ninguna de las medidas.