El primer CIS sobre vivienda desde 2018 guioniza el adelanto electoral de Sánchez
En plena ebullición de la crisis de vivienda, un día después de la muerte de Maricarmen, pocos días después de convocarse anticipadamente las elecciones y tras haber aprobado dos decretos intervencionistas con una treta legal, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por … José Félix Tezanos ha hecho públicos los resultados de un barómetro sobre la materia que sirve al Gobierno de Pedro Sánchez como argumento para justificar su intervención del mercado inmobiliario.
La publicación de este tipo de estudios, además, es completamente excepcional. En los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez nunca se había realizado un barómetro monográfico sobre la vivienda; sí que se ha preguntado sobre el asunto en múltiples ocasiones, y de ahí se conoce que este es el primer problema para los españoles, pero no como tema único y central. Así las cosas, el último monográfico que se preparó data de justo antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, aunque los resultados se publicaron algo más de un año después ya bajo el Ejecutivo socialista. Antes, en 2014, hubo también otro barómetro del ramo que se publicó 15 meses después en 2016.
Ocho años después, el CIS ha vuelto a elaborar otro monográfico sobre vivienda en el que ya se preguntaba por cuestiones que el Gobierno parecía tener de antes en la cabeza y que ahora han resultado aprobadas. La encuesta fue realizada el pasado junio, es decir, antes del estallido de sucesos a raíz del desahucio de Maricarmen que han desembocado en elecciones generales, y en ella el CIS preguntó a unas 6.000 personas si «el Estado debe intervenir tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos y todas a la vivienda o cree que el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda». La respuesta, en este caso, avala las tesis del Ejecutivo ya que el 76,3% considera que sí debe intervenirse el máximo posible para lograr ese objetivo de garantizar el acceso a toda la población. Solo el 18,8% de los encuestados considera que debe respetarse «la ley de la oferta y la demanda».
Relacionado con ello, el 79% de los encuestados señala que lo más importante que habría que priorizar dentro de la política de vivienda es el derecho a ella «como un derecho constitucional», mientras el 13,5% considera que habría que priorizar «la vivienda como bien de mercado».
El barómetro elaborado por el centro sociológico pregunta expresamente por algunas de las medidas que finalmente se han incluido en los decretos de vivienda que primero fueron tumbados en el Congreso y que después, con una treta normativa, el Gobierno ha vuelto a aprobar tras convocar las elecciones y asegurarse así la convalidación de al menos uno de ellos. La encuesta, conocida ‘a posteriori’, se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que da cuenta de que ya por junio el Ejecutivo pensaba en abordar la materia.
La encuesta pregunta por congelar alquileres dos años, limitar pisos turísticos, expropiar suelo para construir vivienda pública, expropiar pisos vacíos, más impuestos para grandes tenedores, así como bajar impuestos para comprar la primera casa o dar más garantías a caseros frente a impagos. Expropiar suelo para vivienda pública (49,9%) y expropiar viviendas vacías (40%) son las únicas cuestiones que no logran el apoyo mayoritario de los encuestados. En cambio, todas las demás sí que obtienen una mayoría amplia de entre el 70,6 y el 95,4%.
Estas respuestas casan también con la preocupación que dicen tener los encuestados sobre la situación de la vivienda en nuestro país. El 51,6% dice que la preocupa mucho y el 35,4% dice que bastante. A renglón seguido, el 41,6% cree que la situación actual le está perjudicando, el 52,6% no se ve perjudicado ni beneficiado y solo el 4,4% se ve beneficiado.
País de propietarios
Asimismo, la composición de cómo viven los españoles también influye en la visión que tienen respecto al mercado de la vivienda. El 55% vive en una casa de su propiedad, frente al 24,1% que está de alquiler. Otro 20% reside en un piso cedido o por el que no paga nada. En la crisis actual desatada a raíz del desahucio de Maricarmen, el gran problema sobre el que más ha puesto el foco el Ejecutivo es el mercado del alquiler, con precios cada vez más elevados, pero también en el acceso a comprarse una casa por el elevado precio de los pisos y la dificultad para acceder a financiación.
El 32,7% considera que el precio de su alquiler es superior al de mercado; el 39% piensa que está a precio de mercado; y el 23,6% cree que está por debajo. Y, en este sentido, la mayoría de los encuestados asegura que prefiere vivir en una casa en propiedad (93,5%), frente a la vivienda en alquiler (5,4%).
El 80,6% no tiene planes de comprar una vivienda en los próximos dos años, aunque no sería por razones voluntarias, sino por cómo está el mercado
España tradicionalmente ha sido un país de propietarios. Lo sigue siendo, a la vista de la estadísticas y las encuestas. La opción del alquiler suele ser la opción preferida para el momento de emanciparse pero la amplia mayoría quiere convertirse en propietario. Sin embargo, el 80,6% no tiene planes de comprar una vivienda en los próximos dos años, mientras que un 18,4% dice que sí, pero esto no obedece a una decisión voluntaria sino por causa de cómo está el mercado inmobiliario.
El 71,3% dice que no se comprará una casa en los dos próximos años porque no tiene ingresos suficientes para las cuotas; el 80,7% porque no tiene dinero para la entrada; y el 63,5% porque no cumple los requisitos para una hipoteca, entre otros aspectos que declaran los encuestados como razones principales. Asimismo, de las personas que plantean trasladarse a una vivienda independiente durante el próximo año, el 49,5% tiene pensado hacerlo a una vivienda de alquiler, un 15% a un piso compartido y un 26,2% a una vivienda comprada.
Relacionado con ello, el 31,8% asegura que tiene perspectivas de heredar total o parcialmente alguna vivienda, frente a un 67,1% que no las tiene. Una manera más para que determinados puedan acceder a una casa en propiedad.
Source – ABC News


