Portugal permitirá que los caseros desalojen a sus inquilinos cuando encadenen dos meses de impagos

Para lograr avanzar con la reforma, Montenegro ha tenido que negociar con la derecha radical. El partido de André Ventura, que hasta el martes amenazaba con tumbar la ley, firmó a última hora del miércoles un acuerdo que se conoció minutos antes de la votación.

A cambio de la abstención para viabilizar la reforma, los socialdemócratas se comprometen a cuatro cosas: limitar las fianzas y las rentas por adelantado, proteger a los mayores más vulnerables con contratos anteriores a 1990, reforzar el fondo de emergencia para las familias desalojadas y distinguir al moroso deliberado —al que se podrá desalojar con rapidez— de quien de verdad no puede pagar.

Miedo a los impagos

El Ejecutivo calcula que en Portugal hay 375.000 viviendas vacías que no están ni en venta ni en alquiler, y sostiene que muchos dueños no las ofrecen por miedo a los impagos, a no poder recuperar el inmueble y a los continuos cambios de la ley. Para devolverles la confianza, el Gobierno quería eliminar el tope actual de dos mensualidades de fianza, dejar que casero e inquilino pactaran libremente la cantidad y elevar de dos a tres las rentas que se pueden cobrar por adelantado. Era una de las piezas del paquete que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de julio.

Además, el casero podrá resolver el contrato con dos meses de impago en lugar de tres, o cuando el inquilino se retrase más de ocho días en el pago más de tres veces en un año. Y los recursos del inquilino dejarán de paralizar el desalojo, que podrá seguir adelante mientras los tribunales deciden. Es ahí donde Chega ha querido introducir su matiz: rapidez para el moroso deliberado, pero no para quien no puede pagar.

Montenegro defendió ayer que la propuesta es equilibrada y negó que flexibilice los desahucios. «No vale la pena andar con fantasmas. Es un conjunto de soluciones legislativas que buscan dar dinamismo al mercado, con preocupación social», aseguró.

Sin embargo, una de las líneas rojas de la derecha radical era precisamente la fianza libre. Chega no acepta que el casero pueda exigir la cantidad que quiera al entrar en una vivienda. «¿Qué jóvenes queremos que alquilen casa si eso se vuelve casi imposible?», defendió Ventura tras el debate. Con el acuerdo, la fianza seguirá teniendo un techo, aunque todavía no se sabe cuál: la cifra, igual que el nuevo máximo de rentas por adelantado, se fijará en la negociación en comisión.

Maricarmen, en el hemiciclo portugués

La votación de esta semana, la misma en la que el Gobierno español ha aprobado el llamado «decreto Maricarmen», es solo el visto bueno al principio de la ley. El texto pasa ahora a comisión. Tras la votación definitiva y la firma del presidente de la República, el Gobierno tendrá 180 días para aprobar las nuevas reglas.

El desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, sirvió de arma a los dos bandos. La diputada del Bloco de Esquerda Andreia Galvão sostuvo que el caso muestra cómo una política de vivienda puede anteponer la propiedad a la dignidad humana. Para la derecha, era alarmismo importado. El liberal Mário Amorim Lopes acusó al líder socialista, José Luís Carneiro, de intentar «vender el caso Maricarmen en Portugal».

Con crisis de vivienda muy parecidas, los dos países ibéricos han elegido caminos opuestos: donde Madrid refuerza la protección del inquilino, Lisboa apuesta por dar garantías al propietario. Y lo hace con las rentas de los nuevos contratos en máximos, un 10,2% más caras que hace un año. Las asociaciones de inquilinos lo resumen en una frase: es una «ley de los desahucios». Hasta el 17 de julio se registraron 1.550 solicitudes, un 5% más que el año anterior, la mayoría por impago. Los procesos tardan de media diez meses, un plazo que el Gobierno quiere acortar, y se concentran en Lisboa, Sintra y Oporto.